Economías ilegales: casi el 60% de productos ilícitos en Perú entran por la frontera con Bolivia, revela estudio

Los cigarrillos y licores son los principales productos ilícitos que entran por Tacna, Puno y Bolivia. Mientras que en la frontera norte, en Tumbes, predomina el contrabando de medicinas, combustible, petróleo y gasolina

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Contrabando mueve más de 349 millones de dólares por la frontera sur. Fotos: Difusión
Contrabando mueve más de 349 millones de dólares por la frontera sur. Fotos: Difusión

La frontera sur del Perú —situada entre Tacna, Puno y Bolivia— es la ventana de casi el 60% de las mercancías y productos ilícitos. Esta cifra se reveló en el Noveno Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), que se llevó a cabo en Bolivia, con la participación de expertos de quince países.

El evento contó con la participación del director general de la Policía Fiscal de Lima, general PNP Nilton Santos Villalta, quien señaló que “los cigarrillos y licores son los principales productos ilícitos que entran por la frontera sur, así como vehículos siniestrados, autopartes de vehículos y vestimenta, entre otros”.

Mientras que en la frontera norte —específicamente en Tumbes— predomina el contrabando de medicinas, combustible, petróleo y gasolina.

Evento se llevó a cabo en Santa Cruz el 2 y el 3 de julio pasado.
Evento se llevó a cabo en Santa Cruz el 2 y el 3 de julio pasado.

Por su parte, Rubén Vargas Céspedes, exministro del Interior y presidente de la ONG Diálogo Ciudadano, volvió a advertir que el contrabando está vinculado al crimen organizado y que este no se limita a circuitos nacionales o domésticos.

Es un crimen transfronterizo que afecta a toda la región andina, “disparando una espiral de violencia y aumentando las tasas de homicidios”, dijo Vargas.

“Es una criminalidad que está asesinando a través de sicarios y genera zozobra en la población. Hay que recordar que la percepción de inseguridad supera el 80% de la población, por lo que es importante analizar el rol que juegan estas economías ilegales en la generación de criminalidad organizada y en los daños que causa en la gobernabilidad, porque su poder corrosivo afecta y precariza nuestras instituciones”, agregó.

Frente a esa situación, el exfuncionario consideró que, en primer lugar, es crucial escuchar las experiencias de los países latinoamericanos. “Fue muy importante escuchar al experto de Chile vincular el contrabando con el crimen organizado y no tener ese concepto convencional de que el contrabando es simplemente eludir un control fronterizo”, explicó.

En ese sentido, se debe fortalecer la articulación entre el sector público y privado para crear políticas que permitan crear prácticas comerciales equitativas que no distorsionen el mercado.

El contrabando en Bolivia supone un valor de más de 3.300 millones de dólares anuales, casi el 8 % del producto interno bruto (PIB) del país. Foto: CAINCO
El contrabando en Bolivia supone un valor de más de 3.300 millones de dólares anuales, casi el 8 % del producto interno bruto (PIB) del país. Foto: CAINCO

Temen que megapuerto de Chancay empore panorama ilegal

En el mismo marco, Claudia Linares, presidenta de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) manifestó su preocupación ante el panorama ilegal, resaltando la inminente operación del Megapuerto de Chancay, que, considera, podría incrementar el acceso para operaciones de contrabando.

“Nuestro país enfrenta un reto complejo. Debido a nuestra ubicación en la región, estamos expuestos a las organizaciones del crimen organizado dedicadas al contrabando; más aún considerando la próxima apertura del puerto de Chancay. Por ello, resulta prioritario poner el tema del contrabando y el comercio ilícito en la agenda, a fin de enfrentar esta problemática de manera conjunta entre el sector privado y público”, señaló la representante de la SNI.

En tal sentido, para intentar reducir posibles riesgos, la SNI insta a las autoridades a priorizar este tema en la agenda nacional a través de una estrategia conjunta y eficiente, que incluya acciones de vigilancia en puntos de entrada estratégicos —como los puertos— y la implementación de estrictos controles para evitar que se convierta en un punto focal a favor del contrabando y otras formas de comercio ilícito.

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