Gobierno Awajún denuncia a Petroperú ante la Fiscalía: se cumplen 8 años sin respuesta por la contaminación del río Chiriaco

El Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) —cuya población abarca un promedio de 70 mil personas que viven en las regiones de Amazonas, Loreto, San Martín y Cajamarca— ha denunciado a la empresa estatal Petroperú ante la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos Ambientales de Bagua, en la región Amazonas, por el delito de contaminación ambiental agravada.

La denuncia —presentada el lunes 8 de julio— surge debido al derrame de petróleo ocurrido en enero de 2016 en el río Chiriaco, exactamente en el kilómetro 441 del Oleoducto Norperuano, ubicado en el distrito de Imaza, provincia de Condorcanqui.

En dicho punto se liberaron aproximadamente 3.000 barriles de crudo que provocó serias afectaciones a la salud de las comunidades nativas Nazareth, Umukai, el caserío Puerto Pakui, entre otros habitantes. Según el GTAA, el derrame ocasionó una situación de emergencia sanitaria, que, hasta ahora, perjudica el abastecimiento de agua potable en el lugar.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) —encargado de la fiscalización ambiental y de asegurar el adecuado equilibrio entre la inversión privada en actividades económicas y la protección ambiental— determinó, en primer lugar, que el derrame fue consecuencia del deterioro de la tubería.

Días después del desastre, la Dirección Regional de Salud de Amazonas declaró en emergencia sanitaria el abastecimiento de agua en el distrito. Asimismo, la Red de Salud Bagua identificó a 45 comunidades nativas en riesgo y a 243 personas expuestas al petróleo, incluyendo un número importante de menores de edad, que recogieron el crudo sin protección adecuada.

Posteriormente, en 2022, el Poder Judicial ordenó a Petroperú llevar a cabo acciones de emergencia en comunidades afectadas y brindar atención médica gratuita.

Sin embargo, según declaraciones de Matut Impi Ismiño, lideresa awajún y vicepresidenta del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTTA), la empresa no ha cumplido con estas ordenanzas, dejando a muchas comunidades awajún sin agua potable y sin indemnizaciones por los daños sufridos, lo que los llevó a interponer la reciente denuncia.

Por su lado, Segundo Herrera, abogado penalista, destaca la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta inmediata para atender la salud de la población afectada. “Desde un inicio, lo que quería la gente era que atiendan su salud, los efectos negativos que las comunidades habían experimentado por el contacto con el crudo. En el año 2022 se declaró fundada la demanda de amparo para que se designe el grupo de médicos que puedan identificar los casos, pero hasta la fecha no se ejecuta. Al no haber esta respuesta, se hace esta denuncia, porque la afectación a su salud es grave”, dijo el abogado defensor.

En tanto, de acuerdo al Instituto de Defensa Legal (IDL) —equipo legal que acompaña el caso—, Petroperú no ha emitido una respuesta oficial respecto a las recientes investigaciones de la Fiscalía.

No obstante, las comunidades awajún tienen la expectativa de una declaración oficial, así como que colabore abiertamente con las investigaciones en curso para atender sus demandas en materia de salud, protección ambiental, entre otras, por parte de la compañía, involucrada en al menos 75 derrames de petróleo entre 2011 y 2022, de acuerdo a una investigación del portal Convoca.