Deudores de mantenimiento en condominios familiares serán reportados a la Central de Riesgos de la SBS

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) emitió esta semana la Resolución Ministerial N° 242-2024-VIVIENDA, mediante la cual se presenta el proyecto de Decreto Supremo destinado a aprobar el Reglamento del Régimen de Propiedad Horizontal. Esta norma estará dirigida a viviendas y otros tipos de edificaciones situadas en condominios.

El reglamento plantea importantes modificaciones en cinco áreas clave. Primero, facilitará la formalización legal de edificios o condominios, lo cual permitirá un cumplimiento más sencillo de las normativas. En segundo lugar, establece los derechos de los propietarios para construir pisos adicionales, siempre respetando las normas técnicas pertinentes.

Tercero, se otorgarán facultades para sancionar a los propietarios que incumplan las normativas de convivencia. Además, se creará un reporte de propietarios deudores de mantenimiento que se enviará a la central de riesgos de la SBS. Finalmente, se implementará un registro de administradores de edificios.

Según el MVCS, la formalización legal es uno de los cambios más significativos introducidos por esta normativa. Este reglamento beneficiará a los propietarios de viviendas en edificios y condominios, además señala que la inscripción de la Junta de Propietarios será más sencilla y accesible.

Otro aspecto crítico es la propuesta de creación del Registro de Deudores de Cuotas de Mantenimiento (REDE). La norma indica que la Junta de Propietarios podrá registrar a aquellos deudores que tengan tres o más cuotas mensuales impagas por mantenimiento de bienes y servicios comunes. Esta lista será reportada a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

En complemento, se formará el Registro de Administradores de Edificaciones (RAE), gestionado por el Ministerio de Vivienda. Esta base de datos almacenará información sobre las empresas o personas que se dedican a la administración de edificios.

De otro lado, el reglamento prevé nuevas medidas para la construcción de pisos adicionales. Los propietarios tendrán el derecho de llevar a cabo tales construcciones, siempre y cuando se respeten las normativas técnicas vigentes.

En cuanto al cumplimiento de normas de convivencia, la Junta de Propietarios tendrá la potestad de sancionar a aquellos que infrinjan las reglas establecidas.

El proyecto de Decreto Supremo también agiliza otros trámites legales. Además de mantener controles más exhaustivos sobre la administración de propiedades, esta normativa tiene la intención de hacer más eficiente la gobernanza interna de los condominios.

“Asimismo, incluye otros temas como el procedimiento de regularización de una edificación al régimen de propiedad horizontal, los contenidos mínimos de un reglamento interno, las funciones de la Junta de Propietarios y los derechos y obligaciones de los propietarios o poseedores”, finaliza el documento.

Christian Barrantes, viceministro de Construcción y Saneamiento, anunció que la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) tiene hasta el año 2026 para llevar a cabo los estudios necesarios para evaluar un posible aumento gradual en la tarifa del agua a nivel nacional. Barrantes hizo esta confirmación en una entrevista con Canal.

Durante la entrevista, el viceministro aclaró que no habrá un aumento inmediato de tarifas. Explicó que, con la entrada en vigor del Decreto Legislativo N° 1620, que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento en Perú, Sunass podrá comenzar los estudios pertinentes. “Por lo menos dentro de dos años, se va a establecer si es necesario o no ese incremento”, indicó.

Anteriormente, Barrantes había subrayado la importancia de ajustar las tarifas del agua para fortalecer a las empresas prestadoras de servicios. Según declaraciones a El Comercio, se ha preparado un esquema progresivo para sincerar los precios, acompañado de subsidios para proteger a las personas en situación de pobreza y pobreza extrema.

El funcionario destacó que el decreto incorpora subsidios cruzados, donde los usuarios con mayor capacidad económica asumirán tarifas más altas. Este sistema, denominado “subsidio inteligente”, tiene como objetivo evitar que las poblaciones vulnerables enfrenten un aumento en los costos de los servicios esenciales. “Este modelo apunta a fortalecer las capacidades y la eficiencia de las empresas prestadoras de servicios (EPS)”, agregó Barrantes.