El Poder Ejecutivo presentó observaciones a la propuesta de ley aprobada en el Congreso de la República que tiene el objetivo de extender la licencia por paternidad de 10 a 15 días y establece una protección contra el despido para los padres hasta el primer año de vida del hijo, entre otras disposiciones. Esta normativa, aún en debate, también incluye medidas como permisos para trabajadoras embarazadas para asistir a controles prenatales y licencias laborales en caso de adopción tanto para el padre como para la madre.
En lo que respecta a la protección contra el despido, la propuesta aspira a que, en situaciones donde la madre no posea un empleo activo, el despido del padre sea considerado nulo si ocurre desde el momento en que notifica al empleador sobre el embarazo hasta que el hijo cumpla un año.
El gobierno, sin embargo, sostiene que otorgar esta clase de protección al cónyuge o conviviente distorsiona la protección especial que actualmente beneficia a las trabajadoras gestantes o en periodo de lactancia. Según el documento de observación enviado al Parlamento, esto podría desincentivar la productividad y generar un trato desigual con otros trabajadores que no tienen hijos recientes.
Si la propuesta prospera, se impondrían restricciones significativas para la contratación eficiente de recursos y se añadirían limitaciones para generar empleo formal. Según el Ejecutivo, estas medidas deterioran la competitividad del país en el ámbito laboral, destacada por complejidades en la contratación de trabajadores.
¿Quién asume el costo de la licencia?
La propuesta también incluye la ampliación de la licencia por paternidad de 10 a 15 días, con el costo de los cinco días adicionales a ser asumido por EsSalud. El Ejecutivo no está en desacuerdo con la extensión del periodo de licencia, pero expresa preocupación sobre la incidencia económica para una entidad en ‘déficit financiero’. Además, se destaca la ausencia de un estudio actualizado que avale la sostenibilidad financiera de esta nueva prestación económica.
Otro punto de discusión es la implementación de permisos para trabajadoras embarazadas para acudir a controles médicos prenatales. El Ejecutivo señala que no se ha presentado una justificación clara sobre el impacto económico para los empleadores debido a este permiso.
Tras las observaciones, la autógrafa de ley volverá a la Comisión de Trabajo del Congreso, que deberá decidir si acoge las observaciones del Ejecutivo o si opta por aprobar la ley por insistencia.
Dentro de los cambios posibles, se podría proponer que los 15 días de licencia por paternidad sean costeados por los empleadores en lugar de EsSalud.
Licencia por adopción
De otro lado, la propuesta incluye una extensión de la licencia por adopción al padre, además de la madre, por 30 días. Actualmente, solo la mujer adoptante recibe este beneficio. La normativa añadiría que ambos padres puedan gozar de una licencia de 30 días, aunque originalmente se especificaba que esto solo aplicaría si ambos trabajaban para el mismo empleador. Este último detalle requiere una corrección para adecuarse a parejas que laboran para distintos empleadores.
El presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, Pasión Dávila, reconoció un error en la redacción de esta normativa, lo cual retrasó el envío de la autógrafa de ley al Ejecutivo. Tras haber sido aprobado por el Pleno del Legislativo en marzo, y después de una solicitud de corrección y nueva votación en abril, la espera se prolongó hasta junio, cuando la solicitud fue retirada y el documento fue finalmente enviado al Ejecutivo.
El pasado 8 de julio, el Ejecutivo hizo públicas sus observaciones, devolviendo el proyecto al Congreso de la República para que sea sometido nuevamente a revisión con las recomendaciones mencionadas. La discusión sobre esta ley sigue su curso en el ámbito legislativo.