Economías ilegales en la Amazonía peruana se expanden: vacío de autoridades estatales amenaza cada vez más a los pueblos indígenas

El presunto asesinato del líder indígena kakataibo Mariano Isacama Feliciano ha puesto en evidencia —una vez más— la dura realidad que están enfrentando los defensores indígenas en el Perú, mientras la presencia de las economías ilegales en la Amazonía crean un vacío de autoridad estatal que es aprovechado cada vez más por actores ilegales y armados.

Cuando Isacama desapareció, la Guardia Indígena Kakataibo decidió hacerse cargo de la búsqueda de su líder, quien luchó contra la explotación ilegal de sus recursos naturales, la minería ilegal y el narcotráfico y fue visto por última vez el 21 de junio en la sede comunal de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka) en Aguaytía, provincia de Padre Abad, Ucayali.

Para los kakataibo, este primer hecho demostró nuevamente las limitaciones del Estado en términos de seguridad y protección, pues, previamente, habían proporcionado a la Policía y Fiscalía de Derechos Humanos las pruebas que constaban que el dirigente venía siendo amenazado desde el año pasado, a través de mensajes anónimos de Whatsapp. Pero, aun así, la debilidad de las autoridades en su capacidad de respuesta fue evidente.

Álvaro Másquez, especialista legal del área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), —cuyo trabajo consiste en acompañar a la Guardia Indígena Kakataibo actualmente— explica a Infobae Perú que esta situación refleja que los pueblos indígenas, al no poder defenderse utilizando herramientas estatales, están reconstituyendo sus formas tradicionales de resistencia, como la creación de guardias indígenas, organismos ancestrales propios de resistencia, unidad y autonomía en defensa de sus territorios.

En esa línea, aunque la organización indígena puede significar pasos positivos en términos de autonomía y libredeterminación, también devela la grave posición de vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas para proteger sus tierras ancestrales de las actividades ilícitas, algo que se vuelve a ver con el caso de Mariano Isacama.

En el marco de esta problemática, Másquez también explica que “la presencia de las economías ilegales en la Amazonía es un problema en muchos niveles, porque implica el vacío de autoridad del Estado, que es complicado por actores ilegales y armados que tienen como primeros enemigos a los pueblos indígenas”.

No obstante, este no es el único problema al que deben hacer frente, pues, hay otras dificultades que radican —a su vez— en la histórica exclusión de los pueblos indígenas del sistema político nacional, que, hoy en día, sigue sin permitirles que sus estrategias de defensa sean reconocidas legalmente para combatir estas actividades ilícitas. Entre ellas la creación de sus gobiernos territoriales autónomos, una figura que, aunque no está reconocida jurídicamente en Perú, autodeclara su dignidad y la defensa de sus derechos territoriales, sociales, culturales, educativos y económicos.

“Pero, lamentablemente, la democracia en el Perú está estructurada para excluir a los actores sociales indígenas, comenzando porque no se les reconoce como pueblos sino como comunidades, lo que ha fragmentado su capacidad organizativa”, agrega.

Por ello, este enfoque ha llevado a los pueblos indígenas a organizarse a nivel nacional, regional y local, buscando reconocimiento y autodeterminación por la participación política a través de sus organizaciones representativas, derecho que, según Másquez, aún está en conquista en el país.

Al cierre de la entrevista con este medio, Másquez indicó que actualmente las áreas críticas incluyen las comunidades de Sinchi Roca (ubicada entre Ucayali y Huánuco), Puerto Nuevo (Huánuco) y Unipacuyacu (en el lado este de Huánuco que forma una triple frontera con Ucayali y Pasco), donde el cultivo ilegal de hoja de coca ya ha provocado enfrentamientos.

Frente a ello, para garantizar su seguridad, así como el de las demás comunidades que conforman el pueblo indígena, la Guardia Indígena Kakataibo se ha organizado en nueve bases, cada una integrada por un promedio de entre 10 y 30 personas, dedicadas al patrullaje y monitoreo territorial.

En tanto, se sabe que desde 2013 hasta 2024, un total de 35 defensores indígenas fueron asesinados en diferentes regiones de Perú, según registros oficiales de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). Estas muertes, mayoritariamente por disparos de bala, han estado relacionadas con actividades ilegales como la minería y la tala ilegal.

Asimismo, las amenazas vinculadas al narcotráfico han sido una causa frecuente en estas muertes. Un ejemplo es el caso de Arbildo Meléndez Grandes, líder del pueblo Kakataibo, quien fue asesinado el 12 de abril de 2020 en la Comunidad Nativa Unipacuyacu en Huánuco.

Aunque los conflictos y amenazas en territorios indígenas no se limitan a actividades ilegales. Los defensores también enfrentan conflictos por explotación de recursos naturales.

El 9 de agosto de 2020, tres indígenas del pueblo Kukama fueron asesinados durante una protesta en el Lote 95, una zona afectada por la explotación petrolera. Entre las víctimas se hallaban Cheminton Flores Crispin, William López Ijuma y Elix Ruiz Ortiz.