Dina Boluarte declaró menos cuentas de las que posee y tiene un presunto desbalance patrimonial, alerta Nelson Shack

La presidenta Dina Boluarte enfrenta un nuevo cuestionamiento como resultado de las indagaciones iniciadas en su contra en el marco del Caso Rolex. Esta vez, las acusaciones de un presunto enriquecimiento ilícito provienen de la misma Contraloría General de la República, que, representada por el contralor Nelson Shack, advirtió la existencia de más cuentas bancarias a nombre de la mandataria, de las cuales no se tenía conocimiento alguno hasta la fecha.

Según lo revelado por el contralor, la jefa de estado fue notificada de este hecho el pasado 1 de julio y diez días después, el 11 de julio; el Ejecutivo presentó un proyecto de ley ante la Comisión de Presupuesto que limitaba las funciones de dicha institución; y que, según sus declaraciones “reduce la capacidad operacional de la Contraloría”. En sus acusaciones, Shack sostuvo que la jefa de Estado había incurrido, ocultando la totalidad de sus cuentas, en un hecho de desbalance patrimonial.

Según el funcionario —quien recientemente ha reafirmado su cargo ante el Congreso, luego de que este dispusiera que se mantenga en él hasta que se designe su reemplazo— las acciones de la jefa de Estado, “ha conllevado a que tenga un presunto desbalance patrimonial”. Por ello, y ante las suspicacias suscitadas, la comisión auditora que ha advertido este hecho, tomó la decisión de notificar adecuadamente a la presidenta.

“Esto ha sido comunicado a la señora presidenta el día 1 de julio. Y diez días después aparece este proyecto de ley que, está muy bien —todo el mundo cree que es muy importante que se puedan reactivar una serie de obras— pero no tiene ningún sentido que pongan una disposición que cercena la capacidad operativa de la Contraloría y que se va a efectivizar hacia el próximo año, o sea, en enero del próximo año”, adelantó Shack durante el programa radial.

Por otro lado, cuando se le consultó si consideraba que el hecho de haber alertado ante el Ejecutivo, sobre la posible existencia de un desbalance patrimonial por parte de Dina Boluarte, pudo haber generado la presentación de esta propuesta legislativa que ahora pone en riesgo a la institución que preside; Shack afirmó que no se encontraba en la capacidad de afirmar este hecho; pero advirtió que era lo que “muchos pensaban”.

“Muchas personas piensan eso. El proceso de investigación todavía continúa, la presidenta puede presentar sus descargos cualquier día de la próxima semana, y yo espero que la comisión auditora, que está viendo esto, cierre definitivamente el informe en las próximas semanas. El control siempre es incómodo”, consideró.

Respecto a esta norma, que lo que busca en sí es eliminar la existencia de visitas de control concurrente de la Contraloría General de la República, que, si bien, por un lado, permite que las obras se destraben y avancen con más rapidez; por otro lado, evita que se puedan alertar hechos irregulares o de corrupción o inconsistencias a medida que se desarrolla la obstrucción al desarrollo de la vigilancia y transparencia.

Sobre ello, Shack consideró que era una intromisión directa con las competencias funcionales de la Contraloría General de la República, e incluso señaló que, ni siquiera en otros gobiernos más cuestionados, se efectuaron acciones que atentaban en tal magnitud con el desarrollo de las funciones de la Contraloría. “Yo he trabajado con seis presidentes y ni siquiera el presidente Castillo se le hubiera ocurrido enviar una disposición de esta naturaleza que desmantela a las sedes de control concurrente”, detalló sorprendido.

La norma tiene cuestionamientos desde su formulación, pues en la entrevista, el contralor precisa que, antes de que el Ejecutivo envíe esta propuesta el Ejecutivo pasó por alto las competencias de la institución. “En ningún momento (el Gobierno) nos han comunicado la idea siquiera de plantear una disposición de esta naturaleza”, aseveró, agregando, que, para que la norma no sea aprobada, ha pedido al Congreso participar en la sesión en la que esta sea votada, a fin de alertar los riesgos de esta.