Candidatura de Eduardo Salhuana a presidencia del Congreso genera alarma por respaldar proyectos a favor de la minería ilegal

El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) —espacio conformado por organizaciones de la sociedad civil en defensa del ambiente— ha manifestado su inquietud ante la posible elección del congresista Eduardo Salhuana como presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la República.

La preocupación surge debido a que Salhuana, único representante de Madre de Dios y parlamentario de Alianza para el Progreso, es conocido por promover proyectos de ley que, según el OMI, no favorecen la lucha contra la minería ilegal.

Pues, afirman, estos perpetúan la operación impune de la actividad ilícita en casi 25 millones de hectáreas a nivel nacional, lo que representa una quinta parte del territorio peruano.

Esta situación perjudica la biodiversidad, la salud, el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, especialmente de los pueblos indígenas que dependen de los recursos de la Amazonía, sostienen.

En primer lugar, destaca el Proyecto de Ley N° 07287-2023-CR, que intentaba detener la minería ilegal, pero, sin previo análisis de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, fue eliminado con la derogación del Decreto Legislativo 1607, el 13 de marzo.

Esto tras encuentros claves entre mineros informales y los congresistas Alejandro Muñante, de Renovación Popular; Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso (APP), y Jorge Alfonso Marticorena, hoy en Perú Bicentenario (antes Perú Libre).

El decreto buscaba combatir la economía ilegal, estableciendo como fecha límite el 20 de marzo para la formalización de las actividades mineras con el objetivo de diferenciar entre pequeños mineros que apuestan por una explotación responsable y aquellos que prefieren permanecer en la informalidad mediante su ingreso al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para encubrir posibles prácticas de minería ilegal.

En la misma línea, otra de las iniciativas cuestionadas es el Proyecto de Ley N° 2715/2021-CR, que, de ser aprobado, limitaría las acciones de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, la Policía Nacional del Perú y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) contra este delito ambiental.

Asimismo, se suma a la lista el Proyecto de Ley N° 0894-2022 —conocido como ‘Ley Antiforestal’—, que propone modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, removiendo potestades clave del Ministerio del Ambiente y transfiriéndolas al Ministerio de Agricultura.

Como se sabe, la polémica norma ha sido fuertemente criticada por los pueblos indígenas debido a que colocaría en alto riesgo la conservación de los bosques en el país.

Pues, con la normativa, que ya entró en vigencia, se teme que puedan archivarse las investigaciones y juicios contra taladores ilegales y empresas acusadas de deforestación ilegal, dando paso a la formalización de propiedad sobre estas tierras, entre otros beneficios.

Por otro lado, el observatorio también critica el Proyecto de Ley N° 04587/2022, que permitiría retirar al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) para que los gobiernos regionales puedan autorizar la explotación de bosques y facilitar el tráfico de madera.

Y, finalmente está el Proyecto de Ley N° 6259/2023, que propone la construcción de tres obras viales en Madre de Dios, incluida una carretera que afectaría directamente a poblaciones indígenas y ecosistemas frágiles como el Parque Nacional del Manu y la Reserva Comunal Amarakaeri.

Bajo este contexto, cabe recordar que Salhuana —quien lidera la lista del Bloque Democrático para la presidencia de la Mesa Directiva— actualmente enfrenta cuestionamientos por parte de la Procuraduría General del Estado, que solicitó en mayo a la Fiscalía de la Nación investigar al parlamentario y a su asesora Saby Meza Malqui por presuntas irregularidades en favor del empresario minero Saxi Arapa.

Esto debido a que Salhuana y Meza habrían actuado para favorecer a Arapa en procesos relacionados con el Reinfo. Además, documentos sugieren que el congresista ejerció la defensa legal del empresario frente al Gobierno Regional de Madre de Dios, incluso después de asumir su cargo en el Congreso.