Fiscalía no recibiría colaboración de exdirectivos de Odebrecht: Brasil suspende acuerdo de Cooperación Judicial Internacional

La cooperación judicial internacional entre Perú y Brasil, un mecanismo clave para los casos de corrupción de Odebrecht que la Fiscalía indaga, ha sido suspendida. Esta medida fue alertada por el medio Perú21, que reveló un documento de la fiscal Anamara Osório Silva, en la que indica la suspensión de procedimientos judiciales en curso en Perú por presuntas infracciones que podrían afectar a casos en los que es requerida la presencia de exdirectivos de la empresa constructora como Jorge Barata, entre otros. Caso Lava Jato; así como parte del caso Cócteles, y otros más, quedan directamente afectados.

En la nota, revelada este domingo, se precisaba inicialmente que Carlos Kauffman, abogado del principal colaborador de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, había informado en una reciente audiencia virtual del caso Alpha Consult que su cliente no declararía nuevamente hasta contar con garantías legales. “Si no existen esas garantías, Jorge Barata no podrá presentarse. Él está dispuesto a colaborar con las autoridades brasileñas y peruanas”, afirmó Kauffman en su momento. Esta decisión incluía el requerimiento de que un juez del vecino país brasileño pueda participar en las audiencias en el Perú a fin de ejercer control.

Estas diligencias se efectúan bajo el amparo de la cooperación judicial internacional, que exige una coordinación previa entre las autoridades de ambos países. Sin embargo, dicha cooperación está actualmente suspendida por disposición de Brasil, y las autoridades llegaron a conocer esta decisión debido a la ausencia de otro exdirectivo de Odebrecht implicado en el juicio Alpha Consult, Luiz Antonio Mameri.

Según el diario, los fiscales del equipo especial Lava Jato han sentido ya las repercusiones de esta suspensión, pues Mameri, quien estaba citado para declarar el 10 de julio en el caso Alpha Consult, no se presentó ante las autoridades peruanas. La jueza Lorena Sandoval informó que la convocatoria de Mameri había sido tramitada vía cooperación judicial, pero no obtuvieron respuesta del testigo ni de las autoridades brasileñas.

Como se sabe, era la cooperación judicial internacional, la que permitía que las autoridades judiciales de Brasil y Perú tengan la capacidad intercambiar información y documentos durante un proceso penal. Bajo este marco se coordinó originalmente la toma de declaraciones a Jorge Barata y otros ejecutivos de Odebrecht, quienes confesaron haber pagado sobornos a funcionarios peruanos. No obstante, poco se sabía sobre la decisión de la Fiscalía brasileña de suspender este sistema de colaboración desde abril de este año y a petición de Odebrecht.

En el documento firmado por la fiscal Anamara Osório Silva, se explica que Odebrecht alegó que las autoridades peruanas han utilizado información proporcionada por la empresa en su contra y con la que la procuraduría había intentado buscar reparaciones civiles en las que también incluía a la constructora. Según Osório, esta acción habría vulnerado el acuerdo de colaboración eficaz firmado con Odebrecht, que impide procesar a la empresa con los datos suministrados al Ministerio Público.

La suspensión de la cooperación judicial internacional no es solo un problema logístico, sino que también complica la intervención de implicados que ya han declarado ante la Fiscalía en etapa de investigación, generando su ausencia en el juicio. Así, exdirectivos como Jorge Barata y Luiz Antonio Mameri son testigos clave para desenmarañar la red de sobornos de Odebrecht en Perú. Sin su cooperación, el peso probatorio del Ministerio Público en los juicios podría quedar gravemente afectado.

El medio incluso deja entrever la existencia de posibles intervenciones de la misma Odebrecht para obstaculizar los testimonios de sus exejecutivos. Por ello, si se confirma que la compañía ha prohibido a Mameri declarar, se configuraría un serio retroceso judicial con graves consecuencias para el caso Lava Jato y para la credibilidad de todo el proceso judicial relacionado con la corrupción empresarial.