![El alcalde de Patáz, Aldo Carlos Mariños, indicó que el titular del Mininter, Juan José Santiváñez, no tiene la capacidad para afrontar el problema de la minería ilegal en la provincia de La Libertad. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)](https://www.infobae.com/new-resizer/R-dUaKhq9mecYRuw0Nk9FwVUUcA=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/TGBSXCXDSJARJL7HCWNRISSEYI.png 420w)
Los ataques a las empresas mineras y la actividad de mineros ilegales en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, fue el motivo por el que el Ministerio del Interior decidió decretar este territorio en estado de emergencia. Sin embargo, cinco meses después y con una prórroga de emergencia más (ya son tres), la actividad criminal en el distrito se mantiene y ha despertado la indignación de las autoridades.
Incluso el propio alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariños, se pronunció en contra del actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y lo acusó de no tener la capacidad para gestionar la emergencia en la zona, que se afronta su sexto mes consecutivo con restricciones y presencia militar en sus calles. La crítica llegó incluso al punto de pedir la destitución del titular del Ministerio.
“Todos los meses hay asesinatos. Esta semana se produjo uno más y hubo un atentado contra una empresa. Entonces, no está funcionando la emergencia. Lo primero que se debe cambiar es de ministro del Interior, quien ha demostrado una gran incapacidad para afrontar esta problemática y desde la presidencia de la República se deben dar políticas claras, pues hay que ir frontalmente contra la delincuencia, así de simple”, sentenció la autoridad local al diario Correo.
No es la primera vez que el alcalde Mariños se pronuncia en contra del estado de emergencia decretado por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Ya a inicios de junio, el burgomaestre indicó al canal SolTV que esta medida no ha tenido ningún resultado en la lucha contra la criminalidad.
![Fotos: Andina](https://www.infobae.com/new-resizer/CPOpPKw2y3rldc9V2eJe-Ol5Hoc=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T3ZNCVGNYFBDZEEOO62LOBHDNI.png 420w)
“En Pataz no ha funcionado el estado de emergencia porque no se han visto resultados reflejados (...) las cifras no nos muestran algo alentador como que se identificó a tantas bandas criminales o que hay tantos encarcelados. Es un estado de emergencia en papel pero que no va acompañado de un recurso logístico para dar resultados (...)”, afirmó en su momento.
Además, la autoridad afirmó que el estado de provincia de Pataz no ha cambiado pese a que el estado de emergencia ordene una mayor presencia del ejército y la Policía Nacional del Perú, pues la criminalidad común no ha disminuido. “Estos estados de emergencia han servido para los mineros que trabajan en los cerros o que están en proceso de formalización, pero contra la delincuencia no se han visto resultados”, afirmó.
En la misma línea, el consejero regional dela provincia de Pataz, Frank Solórzano Rojas, indicó a Correo que el ministro Santiváñez debería ser interpelado por el Congreso por la falta de resultados concretos en el estado de emergencia. “Su papel de defensor de la presidenta no ayuda mucho. No se ve un trabajo eficiente y considero que el Congreso tendría que interpelarlo, porque es muy difícil que el gobierno de Boluarte tome la decisión de sacarlo”.
La promesa incumplida del ministro Adrianzén
En marzo de este año, con el estado de emergencia en Pataz ya en vigencia, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, hizo presencia en la provincia de Pataz junto al entonces ministro el Interior, Víctor Torres, y aseguraron en conjunto que la medida excepcional ayudaría a la ciudadanía.
“Queremos contribuir a una mejora, tanto en seguridad ciudadana como en condiciones de vida, y que la población pueda sentir la presencia y el respaldo del Estado. Estamos dispuestos a brindar toda la colaboración necesaria”, afirmó Adrianzén.
Pese a la promesa del ministro Adrianzén, Pataz fue escenario de atentados en contra de las instalaciones de empresas mineras en la zona, que vieron detonadas diversas torres de alta tensión, además del secuestro de trabajadores de otras compañías mineras que operan en la provincia.