La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, liderada por la fiscal Milagros Vera Mendoza, ha formulado acusación contra los efectivos policiales Juan Isaac León Mostacero, Dino Horacio Ponce Pardo y Luis Miguel Quispe Cáceres por la presunta comisión del delito de tortura y violación sexual en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
El caso tiene como agraviada a la ciudadana Azul Rojas Marín, y se ha solicitado una condena de 20 años y seis meses de prisión efectiva para los involucrados.
Los hechos que condujeron a esta acusación ocurrieron el pasado 25 de febrero de 2008, cuando la activista trans Azul Rojas Marín fue detenida sin motivo aparente por los agentes policiales en el departamento de La Libertad.
Según el documento del Ministerio Público, durante la detención, los agentes la insultaron y golpearon tan solo por pertenecer a la comunidad LGBTIQ+. Posteriormente, la subieron a un vehículo y la condujeron a la Comisaría de Casa Grande. “En esta dependencia policial, los acusados la golpearon, insultaron y violaron; constituyéndose todas estas agresiones un acto de tortura en su agravio”, señaló el Ministerio Público.
Azul recibió amenazas en mayo
La acusación fiscal ocurre después que, en mayo de este año, el Poder Judicial ordenara medidas de protección para la activista trans, después de que recibiera mensajes amenazantes en su teléfono móvil.
Un extracto del mensaje, según la resolución judicial a la que accedió Infobae Perú, decía: “Nos destruiste nuestras vidas, ahora nos toca a nosotros. Ya sabemos dónde vives y también si te comunicas con alguien. Ahora sé dónde vives, dónde estás, por dónde sales”. Este hecho puso en evidencia la necesidad de proteger la vida e integridad de la activista.
Tras lo ocurrido, el abogado defensor solicitó al despacho fiscal activar medidas legales para salvaguardar la seguridad de Azul Rojas Marín, quien actualmente estudia derecho de manera presencial en Trujillo.
“La defensa subraya la importancia de que el personal encargado de su protección no tenga vínculos con Dino Horacio Ponce Pardo, Luis Miguel Quispe Cáceres y Juan Isaac León Mostacero, los policías procesados por tortura, dado el nivel de corrupción y criminalidad en la ciudad”, indicó el representante legal.
Por su parte, el Ministerio Público, en un comunicado, reiteró su compromiso con la investigación de casos de graves violaciones a los derechos humanos, “respetando los estándares internacionales exigidos para estos casos”, afirmó la Fiscal Superior Raquel Cárdenas Manrique.
“El Ministerio Público viene desplegando esfuerzos diligentes para proteger y garantizar los derechos de las personas trans, a través de la prevención del delito y la investigación de los actos de violencia hacia este grupo vulnerable”, finalizó el comunicado.
Perú es responsable internacionalmente, señala CIDH
En un reportaje, publicado en junio de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a Perú responsable por violaciones a los derechos humanos en el caso de Azul Rojas Marín. El fallo determinó que Rojas Marín sufrió tortura y trato degradante por parte de agentes estatales, quienes la desnudaron, golpearon y agredieron sexualmente.
La Corte Interamericana señaló que Rojas Marín fue víctima de actos de tortura, incluyendo abuso sexual y comentarios despectivos sobre su orientación sexual. El tribunal condenó la responsabilidad del Estado peruano por no proteger los derechos a la integridad personal y a la vida privada de la víctima.
Además, el tribunal indicó que los prejuicios contra la comunidad LGBTI siguen siendo un problema en la sociedad peruana, con episodios de violencia a manos de agentes estatales, como en este caso.
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