El Poder Judicial prolongó por 18 meses el impedimento de salida del país contra el expremier Aníbal Torres en el marco del proceso penal por el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo del 7 de diciembre de 2022.
El juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley declaró fundado el pedido de la Fiscalía al considerar que el plazo requerido es prudente para el aseguramiento de las etapas restantes del proceso penal. Estas son el control de acusación y el eventual juicio oral.
Asimismo, el magistrado supremo tomó en cuenta que Torres se allanó al pedido del Ministerio Público, así como que el peligro de fuga aún está latente.
“Me estoy allanando a eso sin reconocer los hechos que se me están imputando. Usted señor magistrado, en este proceso, no tiene usted una sola prueba en mi contra. Lo único que tiene son los dichos de la Fiscalía y de la Procuraduría. Esto desmerece a la administración de la justicia penal. No puede estar una persona procesada por más de 18 meses sin que exista una sola prueba en su contra, violando la Constitución”, dijo el expresidente del Consejo de Ministros durante la audiencia del último miércoles.
Por el fallido golpe de Estado, la Fiscalía pidió 15 años de prisión contra Aníbal Torres por presuntamente haber incurrido en el delito de rebelión cuando ejercía como asesor de su coprocesada y expremier Bettsy Chávez.
En este caso también vienen siendo procesado el expresidente Pedro Castillo, contra quien se pide 34 años de prisión efectiva, y los exministros Willy Huertas y Roberto Sánchez, contra quienes se solicitó penas de 25 años de cárcel.
La situación de Pedro Castillo
El Tribunal Constitucional rechazó el habeas corpus presentado a favor del expresidente Pedro Castillo, que buscaba su inmediata liberación, reposición en el cargo de jefe de Estado y la anulación de los procesos penales en su contra.
En el recurso de habeas corpus también se había solicitado la denuncia por presunta comisión de delitos contra la presidenta Dina Boluarte, el juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley, el ex presidente del Congreso José Williams, la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides y los jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Los abogados argumentaron que se vulneraron derechos fundamentales, incluyendo el debido proceso y la integridad personal.
El Tribunal Constitucional, por mayoría, determinó que no es su competencia reponer a Castillo en su cargo ni anular los procesos penales en su contra. Esta decisión fue apoyada por los magistrados Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco Zerga, Helder Domínguez Haro, Manuel Monteagudo Váldez, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez. El juez Gustavo Gutiérrez Ticse, en un voto singular, abogó por una audiencia pública debido a la relevancia del caso.
En paralelo, el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial extender a 18 meses la prisión preventiva de Castillo, quien está detenido en el establecimiento penitenciario de Barbadillo en Ate. Esta petición es parte del proceso penal por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La defensa de Castillo ha apelado esta medida, argumentando la introducción de hechos no planteados inicialmente y buscando la revocación de la ampliación.
El juez Juan Carlos Checkley admitió estas apelaciones y las remitió a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que evaluará su admisibilidad y convocará a una audiencia virtual para revisar los argumentos de ambas partes. Según la Fiscalía de la Nación, la prórroga se justifica por el peligro de fuga de Castillo, destacando visitas frecuentes de congresistas al penal y la situación de su familia asilada en México.
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