Minera Las Bambas: comunidades de Huancuire y Pumamarca inician paro indefinido contra afectación ambiental

Los conflictos mineros continúan en el sur del país. La Asamblea General de la Comunidad de Huancuire, ubicada en el distrito de Coyllurqui, en la provincia de Cotabambas, región de Apurímac, decidió iniciar un paro indefinido contra la minera Las Bambas debido a problemas socioambientales vinculados a la afectación de sus recursos hídricos.

Desde hace días, se registran enfrentamientos entre los miembros de la comunidad de Huancuire y las fuerzas policiales presentes en el área del proyecto Chalcobamba, operado por la empresa. Asimismo, la comunidad de Pumamarca, que se encuentra en la jurisdicción de Tambobamba y cercana al tajo Ferrobamba, se ha sumado a la acción de protesta, haciendo frente a los efectivos que trabajan para la minera de cobre en diferentes puntos.

Las tensiones en torno al proyecto minero no son nuevas; las comunidades de la provincia de Cotabambas han expresado previamente sus quejas, argumentando que las actividades mineras perjudican sus recursos naturales, hecho que ya ha sido confirmado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Recientemente, la entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) constató mediante un informe que cuerpos de agua utilizados por los comuneros para sus actividades ganaderas y agrícolas están siendo afectados.

El 29 de mayo, la Administración Local de Agua del Medio Apurímac Pachachaca llevó a cabo una verificación de campo en el sector Chalcobamba, en respuesta a una denuncia interpuesta por Ezequiel Huillca, presidente de la comunidad de Huancuire, contra la Minera Las Bambas S.A. por presunta afectación ambiental, que, previamente, ya había sido alertada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Durante la inspección, se observaron varios puntos críticos en la quebrada Pichaccani, entre otros ecosistemas, y se emitió un informe técnico precisando que las actividades mineras habían generado diversas afectaciones ambientales.

En ese sentido, se recomendó notificar a la empresa por infringir la Ley de Recursos Hídricos, a través de la ejecución de obras sin autorización en dicha quebrada, así como por no respetar los derechos de uso de agua.

También, se solicitó al OEFA y a la comunidad de Huancuire que tomen conocimiento del informe, que señala que las operaciones de verificación se realizaron de manera coordinada con los representantes de la minera y comuneros.

Alexander Anglas, abogado de la comunidad de Huancuire, explicó a Infobae Perú que en marzo de este año la empresa empezó a realizar voladuras —utilización de material explosivo para la remoción de tierra— en el sector Chalcobamba.

A raíz de ello, muchos comuneros aseguran que comenzaron a ver afectaciones en sus plantas medicinales y la fauna silvestre de la zona e identificaron que la minera debió haber ejecutado un plan de reubicación para mitigar los daños antes de realizar las voladuras.

Por esta razón, presentaron una denuncia medioambiental y solicitaron la constatación de los hechos a las autoridades, en este caso la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que concluyó que las obras civiles del Proyecto Chalcobamba sí estarían afectando los cuerpos de agua identificados, como la quebrada Pichaccani, fuente de agua para los comuneros.

La semana pasada, la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de Abancay dispuso el inicio de diligencias preliminares contra la minera Las Bambas por el presunto delito de contaminación ambiental.

Asimismo, en un pronunciamiento, la comunidad de Huancuire denunció que la empresa suspendió de manera injustificada la mesa de negociación mantenida desde diciembre de 2022 con los comuneros, quienes afirman que dicha acción responde a una falta de interés en resolver sus reclamos derivados de la operación minera, que, ratifican, afecta gravemente su territorio y calidad de vida.

También, manifestaron su rechazo ante los actos de represión por parte de la Policía dirigida hacia los comuneros, en el marco de sus medidas de protesta pacífica e indefinida, y anunciaron que elevarán sus quejas a diversas instancias.

Estas incluyen la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ecología y Ambiente del Congreso, y a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

En tanto, las autoridades locales del distrito de Coyllurqui, en Cotabambas, han mostrado su respaldo a lo comuneros de Huancuire y rechazaron rotundamente el uso de la violencia como medio para resolver el conflicto o cualquier otra medida que pueda poner en riesgo la seguridad de la comunidad campesina.

Adicionalmente, solicitaron la presencia inmediata del Estado para constatar la contaminación, agregando a lista de ecosistemas afectados a las lagunas Charcascocha y Jalansiricocha.

Por su lado, fuentes cercanas a la Minera Las Bambas se comunicaron con Infobae Perú para desestimar las alegaciones sobre un presunto incumplimiento de compromisos.

En primer lugar, señalaron que estas acusaciones provienen de un grupo de mineros ilegales como respuesta a un operativo realizado el 30 de mayo por la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público bajo el Decreto Legislativo 1100, que regula la interdicción de la minería ilegal en el país.

También, indicaron que durante el mencionado operativo, las autoridades incautaron equipos utilizados por mineros ilegales en la comunidad de Pumamarca, dentro del predio Sallahui, propiedad de Las Bambas.

Y, finalmente, detallaron que los presuntos mineros ilegales incitaron a los comuneros a realizar actos de violencia, incluyendo la quema de pastizales e intentos de incendiar maquinaria de una empresa comunal que brinda servicios a la empresa. Mientras que en relación con los enfrentamientos en Huancuire, afirmaron que las causas no estarían ligadas a temas ambientales.