La situación de la minería informal e ilegal en la provincia de Puerto Inca, región Huánuco, continúa siendo alarmante a 12 años del inicio del proceso de formalización de la minería en el país.
De acuerdo a una investigación del periodista Eduardo Arias —publicada por Página3— ningún minero ha logrado formalizarse en esta área amazónica, lo que evidencia graves fallas en las políticas de regulación y control, según documentos de inteligencia de la Policía, entre otros, a los que se tuvieron acceso.
Entre ellos un informe del Ministerio de Energía y Minas que indica que en Puerto Inca, si bien 247 mineros que iniciaron procedimientos de formalización entre 2012 y 2020, se desconoce cuántos operan de manera ilegal.
¿Cuál es la diferencia entre los mineros informales e ilegales?
En 2012, el Gobierno comenzó un proceso de formalización minera, creando en 2017 el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para simplificar los trámites de concesión.
Pero, dicho proceso no ha tenido éxito en Puerto Inca, donde ninguno de los mineros ha completado el proceso en los últimos doce años, revela la investigación periodística.
Sobre ello, César Ipenza, abogado y especialista en materia ambiental, explica que aunque los mineros informales y los ilegales afectan el medio ambiente, los primeros están inscritos en el proceso de formalización, lo que los exime de responsabilidad penal bajo ciertas condiciones.
“La única diferencia entre los mineros informales e ilegales es que los primeros están inscritos en el proceso de formalización del Estado, pero ambos realizan la extracción de minerales arriesgando sus vidas y las de terceras personas e impactan al medio ambiente”, indica Ipenza.
Además, a este problema se suman otros delitos ambientales, como la intensa deforestación en la quebrada Pintuyacu, una área afectada por la extracción de oro.
La razón detrás del problema
En ese marco, la debilitada fiscalización de la Dirección Regional de Energía y Minas de Huánuco sería la respuesta a este problema, que habría facilitado el descontrol de la minería ilegal en Puerto Inca.
Un informe reservado de la Unidad de Protección de Medioambiente de la Policía evidencia que diferentes funcionarios están asociados con actividades ilegales, incluyendo al exjefe José Ángel Mendoza Huertas durante la gestión del encarcelado exgobernador Juan Alvarado.
Esto afecta a las comunidades indígenas y áreas naturales protegidas. Dentro de este conjunto están los ríos Pachitea, Yuyapichis y Pozuzo, vitales para las comunidades asháninkas y yaneshas y parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira.
Comunidades yaneshas y asháninkas son las más afectadas
También, jóvenes yaneshas denuncian que, en los últimos 15 años, el bosque ha sido reemplazado por enormes huecos como resultado de la minería informal e ilegal.
De otro lado, Segundo Campari Rojas, jefe de la comunidad asháninka Tsirotzire, explica que en tanto los indígenas trabajaban de forma artesanal, los empresarios han introducido maquinarias que destruyen bosques enteros.
Mientras el presidente de la Federación Nativa de Pueblos Indígenas de Puerto Inca, Fernando Carpio, menciona que estas concesiones ocasionan enfrentamientos dentro de las comunidades.
“Las autorizaciones que dio el Reinfo sobre tierras de las comunidades traen problemas porque hay algunos mineros que se creen dueños de la comunidad y eso genera enfrentamientos (...) hemos pedido en reiteradas veces que las concesiones no se den en zonas comunales”, declaró a Página3.
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