Caso Gasoducto Sur: Poder Judicial evaluará prisión preventiva para Jorge Barata el 25 de julio

El Poder Judicial (PJ) ha anunciado una audiencia para el jueves 25 de julio de 2024, donde se evaluará la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía de la Nación en contra del ingeniero brasileño y exdirector Ejecutivo de Odebrecht para Perú, Jorge Barata.

Este encuentro, que se llevará a cabo desde las 15:30 horas, tendrá lugar en las instalaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia, ubicadas en el Cercado de Lima.

De acuerdo a los documentos difundidos por El Comercio, la audiencia estará a cargo del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. El documento judicial establece que “se resuelve señalar fecha para la audiencia presencial de prisión preventiva para el día jueves 25 de julio de 2024 a las 15:30 horas, en contra de Jorge Henrique Simoes Barata”.

En relación con el caso Gasoducto Sur Peruano, Barata fue recientemente incluido en la investigación, cuyo plazo finaliza en septiembre de 2024. La Fiscalía de la Nación había dispuesto su inclusión en esta investigación preparatoria el pasado 10 de julio.

Además, han solicitado una medida de prisión preventiva de 36 meses. Esta decisión fue impulsada por el Segundo Despacho del Equipo Especial Lava Jato, bajo la dirección de la fiscal provincial Norma Geovana Mori Gómez.

Para garantizar la defensa técnica del exdirector ejecutivo de Odebrecht, el Poder Judicial ordenó informar al coordinador de la Defensoría Pública para que se designe un abogado en caso de que no participe su abogado de libre elección.

El Ministerio Público también ha sido notificado para que aseguren la presencia obligatoria de sus representantes en la audiencia del 25 de julio.

La solicitud de prisión preventiva proviene de una investigación detallada realizada por la Fiscalía en el contexto del caso Gasoducto Sur Peruano, una pieza clave en el esquema de corrupción liderado por Odebrecht en Perú. Este proyecto fue uno de los más importantes de infraestructura en el país y ha estado bajo escrutinio tras revelarse múltiples irregularidades en los contratos y procesos de licitación.

Barata, ahora bajo la lupa del sistema judicial peruano, enfrenta graves acusaciones vinculadas a la corrupción y al manejo ilícito de fondos durante su tiempo como alto ejecutivo dentro del conglomerado brasileño.

Anteriormente, su testimonio y colaboración con las autoridades habían sido un componente crítico para desenmascarar las operaciones corruptas de Odebrecht en varios países de América Latina.

La inclusión de Barata en el caso Gasoducto Sur Peruano marca un punto crucial en la extensa investigación que busca esclarecer una de las tramas de corrupción más significativas en la historia reciente del Perú.

De otro lado, el Poder Judicial revocó el acuerdo de colaboración eficaz de Jorge Barata, tras su ausencia en el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala. La decisión fue adoptada el miércoles en la noche por la jueza Margarita Salcedo del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a solicitud del fiscal José Domingo Pérez, quien había asegurado que Barata testificaría en el juicio del Caso Cócteles contra Keiko Fujimori.

El abogado de Barata, César Nakazaki, declaró a Infobae que apelarán la decisión para que la Quinta Sala de Apelaciones Nacional revoque el fallo y el acuerdo se mantenga. Nakazaki expresó su sorpresa respecto a las declaraciones del fiscal Pérez sobre la disposición de su cliente a testificar, mientras se solicitaba la anulación del acuerdo.

La defensa del exdirectivo brasileño argumenta que Barata está dispuesto a declarar si se cumplen los procedimientos de Cooperación Judicial Internacional, dado que es ciudadano extranjero y las pruebas obtenidas de los sistemas Drousys y My Web Day fueron declaradas ilegales por el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Para que la decisión de la jueza Salcedo tenga efectos, debe ser ratificada en segunda instancia. De confirmarse, Barata perdería los beneficios del acuerdo y enfrentaría una acusación fiscal por colusión simple y agravada en casos relacionados con la Vía Evitamiento Cusco, la Carretera Interoceánica y el Metro de Lima.