Extorsiones y secuestros alcanzan niveles récord en Perú mientras ley del Congreso busca beneficiar a criminales

El Perú se estremece una vez más por la persistente amenaza del crimen organizado. Entre los delitos que más se comenten está las extorsiones el cual solo en los tres primeros meses del 2024 ya vienen sumando 5,012 denuncias. Según la Policía Nacional (PNP), Lima Metropolitana es el área que más concentra estas denuncias, seguido por La Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque y Áncash.

Algunos de los eventos de extorsión más sonados en los últimos meses involucran como víctimas a profesores, pequeños empresarios, mototaxistas, bodegueros, emprendedores y trabajadoras sexuales. Los grupos criminales, conformados por peruanos, colombianos, venezolanos y otros extranjeros, operan bajo diversas modalidades que involucra al conocido ‘gota a gota’, cobro de cupos, el chalequeo, y otros.

Pero la extorsión es solo el primer eslabón de una cadena delictiva más amplia. Las organizaciones criminales ligadas al secuestro utilizan tácticas de amenazas que van desde agresiones físicas a torturas y asesinatos para asegurar el pago de rescates.

En un reciente operativo, la Policía Nacional logró la captura de varias peligrosas organizaciones criminales, entre ellas el grupo autodenominado “Los Gallegos”, quienes extorsionaron, secuestraron y golpearon a un empresario en San Miguel, manteniéndolo cautivo durante más de 48 horas por el pago de un cuantioso rescate.

En Cañete, un grupo de criminales plagiaron dos veces a una empresaria por no pagar una deuda bajo la modalidad del “gota a gota”, una forma de extorsión que ha visto un incremento alarmante en los últimos años.

En Trujillo, recientemente se logró rescatar a una joven universitaria que había sido secuestrada por integrantes de Los Pulpos en complicidad con un familiar suyo. Los criminales exigían el pago de 5 millones de dólares.

Pese a que la criminalidad organizada está en aumento en el Perú, una nueva ley aprobada por el Congreso podría poner en riesgo la lucha contra estos delincuentes, otorgándoles beneficios que podrían llevar a su liberación. Se trata del Proyecto de Ley N.° 5891, que busca modificar la normativa contra el crimen organizado.

Dicha propuesta establece que los delitos cometidos por organizaciones criminales deben tener penas superiores a los seis años para ser considerados como tales. Según los fiscales de crimen organizado a nivel nacional, esta normativa podría afectar aproximadamente 100 casos en curso, con la consecuencia de que muchos de estos delincuentes serían tratados como infractores comunes y no bajo la legislación específica de crimen organizado.

Lamentablemente, desde el Ejecutivo todo parece indicar que se está evaluando respaldar esta ley, la cual también beneficiaría a los investigados por trata de personas, estafa agravada, tráfico de monedas, delitos medioambientales, y hasta a políticos investigados por tráfico de influencias, cohecho y colusión.

“Definitivamente, si los delitos, según el tipo penal, tienen que entrar dentro del mercado o la cadena productiva, los secuestros no entran en esta descripción típica y van a ser tratados como cualquier delito común”, añadió el representante del Ministerio Público.

El Ejecutivo evaluará en los próximos días las observaciones pertinentes a la normativa aprobada por el Congreso. Sin embargo, de ser observada por el Ejecutivo, el Congreso aún podría aprobarla por insistencia, lo que podría acabar beneficiando a peligrosos delincuentes, sembrando la impunidad y afectando la seguridad y bienestar de la comunidad.