Equipo Especial Lava Jato pide prisión preventiva contra Jorge Barata tras incluirlo en el caso Gasoducto Sur

La fiscal Geovana Mori Gómez, del Equipo Especial Lava Jato, incluyó al exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, en la investigación preparatoria del caso Gasoducto Sur y solicitó al Poder Judicial imponérsele mandato de prisión preventiva por 36 meses.

Según informó la Fiscalía, Mori Gómez tomó la decisión al valorar la “conducta procesal y revocatoria del acuerdo de colaboración eficaz” en primera instancia la semana pasada.

A Barata, en este caso, se le atribuye la comisión del presunto delito de colusión agravada en perjuicio del Estado por el favorecimiento a Odebrecht y la devolución de la carta fianza del proyecto Gasoducto Andino del Sur.

De acuerdo con lo comunicado por el Ministerio Público, Barata, al declarar ante las autoridades peruanas a través de Cooperación Judicial Internacional, negó las imputaciones. También se comunicó que el expresidente de Graña y Montero, José Alejandro Graña Miró-Quesada, implicó al exjefe de Odebrecht en el Perú.

Requerimiento de prisión preventiva contra Jorge Barata deberá ser evaluado por un juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional, aunque su ejecución, en caso se declare fundado, se vería obstaculizada debido a que se encuentra en Brasil, país que no extradita a sus nacionales.

El Poder Judicial de Perú revocó el acuerdo de colaboración eficaz del exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, tras su negativa a declarar en el juicio contra el expresidente Ollanta Humala. La decisión fue tomada por la jueza Margarita Salcedo del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a solicitud del fiscal José Domingo Pérez, quien había asegurado que Barata testificaría en el proceso del Caso Cócteles contra Keiko Fujimori.

César Nakazaki, abogado de Barata, informó que apelará la resolución para que la Quinta Sala de Apelaciones Nacional mantenga el acuerdo de colaboración eficaz. Según indicó, le sorprendió que el fiscal Pérez afirmara que Barata testificaría mientras intentaba anular el convenio. La defensa asegura que Barata está dispuesto a declarar si la Fiscalía lo solicita a través de Cooperación Judicial Internacional, dado su estatus de ciudadano extranjero y las restricciones del Supremo Tribunal Federal de Brasil sobre pruebas obtenidas de los sistemas Drousys y My Web Day.

La revocatoria del acuerdo de colaboración eficaz, que eximía a Barata de una pena, requiere ratificación en segunda instancia para ser definitivo. De ser anulado, el fiscal Pérez tendrá que formular una acusación fiscal contra Barata, quien podría ser juzgado por los delitos de colusión simple y agravada vinculados a la Vía Evitamiento Cusco, la Carretera Interoceánica y el Metro de Lima. Sin embargo, Brasil no extradita a sus ciudadanos, condicionando el eventual proceso penal.

En audiencias previas, Barata confirmó que Odebrecht financió campañas políticas en Perú, incluyendo las de Humala, Fujimori, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski y la no revocatoria de Susana Villarán. Declaró aportes de 3 millones de dólares a Humala, un millón a Fujimori y 3 millones a Villarán, sin precisar montos para García y Kuczynski.