Defensores y defensoras indígenas del Perú y otros países de Latinoamérica denunciaron este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el aumento de amenazas y criminalización que obstaculizan su labor de defensa de sus territorios ancestrales.
Representantes de organizaciones indígenas manifestaron que se requiere un enfoque de cooperación transfronteriza para abordar estos problemas que afectan a la Amazonía.
Pues, desde 2014, Global Witness —ONG internacional en defensa de los derechos humanos en todo el mundo— ha contabilizado al menos 296 defensores asesinados en la región amazónica
Además, identificaron que en 2022 un defensor ambiental fue asesinado en promedio cada dos días, resaltando a Brasil, Perú y Venezuela en esa lista.
Líderes indígenas de Perú expusieron graves denuncias
Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), expresó preocupación por la criminalización de líderes indígenas debido a su lucha contra actividades ilícitas, específicamente el narcotráfico, que perjudican a sus comunidades en la provincia de Satipo, Junín.
Según Valerio, esta realidad muestra cómo se utiliza el poder del Estado de manera arbitraria para silenciar a defensores ambientales bajo el pretexto de la legalidad.
“No solo me han señalado las mafias del narcotráfico, sino, increíblemente, el propio Estado que con un proceso injusto e irregular me ha perseguido y acosado, pero ni a mí, ni a mi familia, ni a mi pueblo, no nos van a doblegar. Debo decir que el Estado peruano no tiene acciones concretas, como protocolos, ante casos de criminalización de defensores y defensoras, dejándonos desprotegidos”, declaró Pedro Valerio.
“Invocamos a la CIDH, en el marco de sus facultades, de monitoreo y promoción y un llamado a los Estados contemplados en la presente solicitud para crear, promover y fortalecer los mecanismos políticos públicas de protección de defensores de derechos humanos con énfasis en los defensores ambientales desde una visión interseccional y con enfoque de género”, agregó el presidente de la CARE.
Por su lado, Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), denunció que el Gobierno ha sido ineficaz en la protección de los líderes indígenas, mencionando el caso del líder indígena kichwa y luchador social contra la tala ilegal Quinto Inuma, asesinado en noviembre de 2023, a pesar de contar con medidas de protección estatales.
“En noviembre de 2023 fue asesinado el hermano Quinto Inuma, pese a que contaba con medidas de protección por parte del Estado. Por este caso, la Comisión Interamericana otorgó en marzo la medida cautelar 110923, pero las autoridades se negaron a implementarla”, denunció.
Asimismo, se habló sobre el caso de Olivia Bisa, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra, quien actualmente recibe amenazas de muerte por denunciar un derrame petrolero en su territorio, ubicado en Loreto.
Esto a pesar que, a inicios de marzo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) emitió un comunicado exigiendo al Gobierno medidas de protección a favor de la lideresa; sin embargo, hasta la fecha, no ha habido respuesta efectiva.
Hace unos meses, en una entrevista con Infobae Perú, Olivia Bisa detalló cómo la situación la ha forzado a vivir “como si fuera un criminal” en su propio hogar para prevenir invasiones y actividades ilegales.
También, la presidenta de la Nación Chapra ha criticado duramente la falta de acción de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía de Derechos Humanos, quienes, asegura, no han seguido de manera debida su caso. “Ellos no van a detener la bala. Yo necesito acciones concretas”, declaró.
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