El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo que investiga el caso Lava Jato, denunció este martes por gestos obscenos y homofóbicos a los abogados Giuliana Loza y Humberto Abanto, quienes ejercen la defensa legal de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el exministro Jaime Yoshiyama en el juicio del caso Cocteles.
“Ambos defensores realizaron gestos obscenos que han quedado documentados a través de la señal de Justicia TV. He presentado estas capturas donde se puede observar cómo realizaron dichos gestos con la complicidad y afirmación de la acusada Keiko Fujimori”, se quejó ante el tribunal durante el tercer día de audiencia.
“Es por eso que corresponde denunciar estos gestos obscenos de connotación de discriminación sexual. Ustedes pueden verificar el significado de los mismos e imponer las recomendaciones, correcciones y sanciones que establece el ordenamiento procesal. No solo es una falta de respeto hacia quien representa a la sociedad agraviada por el delito, sino también hacia ustedes, que dirigen este juzgamiento, y hacia el público”, añadió.
Loza y Abanto realizaron una expresión homofóbica con las manos mientras se reían al lado del magistrado, durante la segunda sesión realizada la semana pasada, cuando quedó instalado el juicio por presunto lavado de activos y otros delitos de corrupción.
El colectivo Marcha del Orgullo compartió las imágenes y mencionó que “no por gusto Keiko firmó el pacto con aquel pastor que gritaba pura homofobia, y que luego fue acusado de acoso sexual por una integrante de su propia iglesia”. En esa cita, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional declaró improcedente la petición de varios abogados para que ordenara la nulidad del proceso.
Tras recibir recursos de reposición, la sala resolvió que “no ponen en cuestionamiento lo resuelto por este órgano jurisdiccional”, por lo que también los declaró infundados. Las siguientes audiencias se desarrollarán los días 10, 15, 16, 22 y 24 de julio. Dada la cantidad de imputados (46 en total), solo las primeras audiencias serán presenciales y luego se pasará a la modalidad virtual.
Niega acusación
Al ser consultada por la prensa, Loza negó que sus gestos hubieran sido obscenos y señaló que hizo referencia a las horas que faltaban para que el representante del Ministerio Público terminara su exposición. “Lamento que el fiscal se haya sentido aludido por algo que no existe y que haya interpretado algo totalmente incorrecto e indebido. Agradecería que ustedes vean el video, estábamos contando uno, dos, tres”, sostuvo.
“Pediría al señor Pérez que deje de lado el show político, estamos hablando de cuestiones jurídicas, cuestiones penales, y nada de eso aparece hasta el día de hoy. Ya llevamos tres sesiones y ¿qué hemos avanzado? Pasamos del show del chaleco antibalas al show político. Creo que hay que ser serios con esta cuestión”, apuntó
La letrada también anticipó que espera que “la sala no acepte estas peticiones” y mencionó que si Domingo Pérez “anda pensando en mí 24/7, es cuestión de él, no mía”. Finalmente, indicó que su patrocinada asistirá presencialmente a la audiencia programada para el próximo lunes, donde expondrá sus alegatos de defensa.
“Ella nunca ha rehuido, siempre ha estado presente, y vamos a estar presentes como siempre dando la cara. Estén atentos a cada sesión. Se van a dar cuenta de que en este caso no hay un caso penal y al final vamos a terminar con la absolución de la señora Keiko Fujimori”, añadió.
En esta jornada, el magistrado ratificó su petición para que la política sea condenada a 30 años y 10 meses de cárcel por cuatro delitos presuntamente cometidos durante la financiación de sus campañas electorales de 2011 y 2016.
Al momento de especificar la acusación y la pena para cada imputado, consideró que Fujimori debe ser condenada por el delito de organización criminal, en calidad de líder, por dolo directo y como autor directo, y por el delito de lavado de activos agravado, con autoría mediata (dominio del hecho) y material.
Además, por el delito de obstrucción a la justicia agravado y por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo.
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