Dina Boluarte y Alejandro Soto defienden ley sobre crímenes de lesa humanidad con carta dirigida a la Corte IDH

Hace unos días, exactamente el pasado jueves 4 de julio, el Congreso peruano aprobó una polémica ley para que prescriban delitos de lesa humanidad, desafiando las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y otros organismos internacionales. Esta ley beneficiaría a figuras como el expresidente Alberto Fujimori y el grupo paramilitar Colina, así como a ciertos terroristas. La ley afecta casos como el de Pativilca, donde seis campesinos fueron secuestrados, torturados y asesinados durante el conflicto armado interno.

Ante ello, la presidenta Dina Boluarte, quien reapareció ante la prensa tras más de 90 días de silencio, fue consultada sobre esta controvertida ley. La mandataria respondió que el proyecto aún no ha llegado al Ejecutivo y que, una vez recibido, será evaluado por los sectores correspondientes.

Esta posición fue confirmada por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien destacó que todavía no han recibido el texto legislativo y que el Ministerio de Justicia jugará un papel crucial en la evaluación del mismo. “Nosotros todavía no hemos recibido esa ley. Cuando llegue a la Presidencia del Consejo de Ministros haremos una evaluación”, señaló.

Sin embargo, minutos después se hizo pública una carta enviada a la Corte IDH por parte de Boluarte y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, defendiendo la soberanía del Perú y su sistema democrático, al tiempo que rechazaron las observaciones de la mencionada institución. En el documento, dirigido a la presidenta de la Corte, Nancy Hernández López, se detalla que el Perú es una república democrática con mecanismos internos para controlar las leyes, tales como el control difuso del Poder Judicial y el control concentrado del Tribunal Constitucional. Curiosamente, la radical posición de la mandataria en la misiva es diametralmente opuesta a la posición que mostró en la conferencia de prensa, en la que se mostró más cauta.

La carta expresa el “rechazo categórico” a la resolución del 1 de julio de 2024 emitida por la Corte IDH, indicando que la misma desnaturaliza las medidas provisionales y excede sus competencias. El texto también critica el uso de términos como “conflicto armado interno” para describir el período de violencia terrorista en el Perú, calificándolo de una ofensa a la memoria de las víctimas.

Para responder esta pregunta, la misma Fiscalía de la Nación detalló en su comunicado los casos emblemáticos que se verían afectados. Para empezar, el caso Pativilca, en el que seis campesinos de dicha comunidad fueron secuestrados por agentes del grupo Colina, torturados por ellos, y posteriormente asesinados, sería el caso más latente.

Sus responsables: Vladimiro Montesinos, Alberto Fujimori, Juan Rivero Lazo (ex jefe del Grupo Colina), serían beneficiados. Los recientemente hallados responsables perpetradores de los delitos de violación sexual en el Caso Manta también serían beneficiados. Contra ellos, se ha dispuesto una orden de captura, pues no se presentaron a la audiencia de lectura de sentencia. Ahora, sus abogados pueden presentar una apelación a la decisión pidiendo adherirse a esta nueva ley apenas sea publicada y si en magistrado que atiende del pedido no falla en favor de estos, podrían ser sancionados.

Otros casos también emblemáticos que ya concluyeron con responsables de por medio también serían afectados, entre ellos están: Chuschi, la matanza de El Frontón, Huanta 84, Barrios Altos, La Cantuta, El santa-Aldo Velásquez, Huancapi, Cedruyo, Madre mía, Universidad del Centro, Putis, Sobres Bomba, Castro Castro, Accomarca, Galván Borja. Daniel Urresti sería también beneficiado y liberado, al igual que montesinos, el caso de las esterilizaciones forzadas también podría caerse y como estos muchos otros.