Demandan al Gobierno Regional de Ucayali por impulsar construcción de carretera que favorece al narcotráfico

Grave. Un grupo de organizaciones indígenas presentó una demanda de amparo contra el Gobierno Regional de Ucayali para detener la construcción de la carretera Nueva Italia – Puerto Breu, cerca a la frontera de Perú y Brasil.

Esto luego que una serie de denuncias señalaran que la vía se está avanzando sin un estudio de impacto ambiental y la consulta previa a pueblos indígenas u originarios por ser una iniciativa que podría afectarlos directamente, además de favorecer presuntamente actividades ilegales como la tala de bosques y el narcotráfico.

Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), —portal web que difunde datos de deforestación en toda la Amazonía— la carretera ya causó la deforestación de 7.000 hectáreas entre 2001 y 2021, con el 46% de esta pérdida concentrada entre 2019 y 2021. No obstante, se estima que el área de impacto se extendería a 444 mil 340 hectáreas en junio de 2024.

Esta demanda ha sido interpuesta por la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y la Asociación de Comunidades Nativas para el Desarrollo Integral de Yurua, Yono y Sharakoiai (ACONADIYSH), con el respaldo del Instituto de Defensa Legal (IDL) y la organización Upper Amazon Conservancy (UAC).

Dicha reserva tiene una superficie de más de 470 mil hectáreas y protege a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial: Chitonahua, Mashco Piro y Amahuaca, quienes se aislaron tras la explotación del caucho a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX y, ahora, son considerados altamente vulnerables por depender exclusivamente de los recursos que les provee su territorio.

Asimismo, otras comunidades afectadas son Alto Tamaya Saweto, Sawawo Hito 40, Nueva Esperanza de Cumaria, situadas en los distritos ucayalinos de Yurua y Tahuania.

Específicamente, el texto de la demanda destaca el impacto negativo de la degradación del bosque, los modos de vida de los pueblos indígenas y la biodiversidad, que podría incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero.

También, testimonios reportados por Mongabay Latam indican que la formalización de la carretera facilitaría actividades ilegales como la tala, el cultivo de hoja de coca y la construcción de pistas de aterrizaje clandestinas.

Estos contextos aumentan el riesgo de violencia, similar al asesinato de Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima, los cuatro defensores ashéninkas de la comunidad Alto Tamaya Saweto, cuyas viudas continúan enfrentando amenazas —casi una década después de los hechos— por parte de taladores ilegales en su territorio.

En el marco de la demanda, la amenazas no solo se gestan desde la ilegalidad, pues, paralelamente, el Congreso de la República ha propuesto formalizar la carretera y declararla de interés nacional mediante el Proyecto de Ley 06960/2023-CR, impulsado por la congresista de Fuerza Popular, Jeny Luz López Morales.

Además, el corredor vial figura en el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con la categoría de “Red Vial Departamental” y el código UC-105.

Aunque las comunidades alertan que dicha formalización facilitaría el acceso a madereros ilegales y narcotraficantes, intensificando así la deforestación y la afectación a los pueblos indígenas. Pese a ello, el Ministerio de Cultura (Mincul) asegura no haber recibido alertas respecto a la obra.