La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitario (Sunedu) se encuentra en el centro de las críticas tras la reciente compra de teléfonos celulares de alta gama por un monto superior a los S/70 mil. Según un informe de Cuarto Poder, la adquisición fue realizada para cuatro miembros del Consejo Directivo de la entidad, argumentando la necesidad de “fortalecimiento de las comunicaciones”.
Los implicados en esta controversia son Andrés Ramos, representante del Ministerio de Educación; Miguel Vallejos, representante de los Colegios Profesionales del Perú; Manuel Castillo, superintendente de la Sunedu y representante de las universidades nacionales; y Manuel Hernández, también representante de las universidades nacionales.
Así fue el proceso de selección
En mayo de 2023, Sunedu lanzó una convocatoria a través de su Unidad de Abastecimiento y Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) para la compra de estos dispositivos. En el informe que sustenta la compra, se justificó la necesidad de contar con equipos de telefonía celular de alta gama para mejorar la comunicación entre la alta dirección de la superintendencia.
La especificación técnica de los equipos requeridos incluía siete teléfonos celulares de “Gama A” y uno de “Gama B”, todos con características avanzadas como 256 GB de almacenamiento, 12 GB de memoria RAM, cámaras principales de hasta 50 megapíxeles y procesadores de ocho núcleos. Además, se requería una garantía de 12 meses para los dispositivos.
Investigación de mercado y comparación de precios
En la investigación de mercado, Sunedu mencionó un procedimiento similar realizado por el Instituto Nacional de Estadística, que adjudicó la compra de celulares a una empresa por S/63.200. Sin embargo, La entidad reguladora determinó que esta referencia no cumplía con los requisitos técnicos necesarios para su adquisición.
A la convocatoria se presentaron cuatro empresas: Falcon Systems SAC, Netdatel SAC, Enterprise Tech SAC y Grupo Inversiones Hapso A&G SAC. Todas las propuestas superaban los S/ 70 mil, por lo que la superintendencia estimó el valor total de la adquisición en S/ 73 mil 724. Finalmente, el 10 de mayo, Sunedu adjudicó la buena pro a Falcon Systems SAC.
El contrato entre ambas instituciones se firmó el 22 de mayo del presente año por un total de S/73 mil 724 mil 20, estableciendo la compra de ocho teléfonos celulares de alta gama con un precio unitario de S/9 mil 215.
La justificación oficial de Sunedu para la compra de estos equipos de alto costo son objeto de críticas, ya que la necesidad de dispositivos tan avanzados para fines de comunicación básica no parece clara. Además, una revisión rápida de precios en el mercado local revela que los modelos adquiridos, como el iPhone 15 Pro de 256 GB y el Samsung Galaxy Z Fold 5 de 256 GB, se encuentran a precios significativamente más bajos en tiendas oficiales.
Por ejemplo, el modelo iPhone 15 Pro de 256 GB se vende a aproximadamente S/6.500 en tiendas autorizadas por Apple, un 30% menos que el precio cotizado por Falcon Systems. De manera similar, el Samsung Galaxy Z Fold 5 de 256 GB se encuentra en alrededor de S/5.500 en la tienda oficial de Samsung, un 40% menos que el valor adquirido por Sunedu.
Además, aumenta la controversia el hecho de que parte de los equipos están guardados, ya que actualmente solo hay cuatro miembros de los siete necesarios nombrados.
¿Qué es la Sunedu?
Es el organismo público adscrito al Ministerio de Educación encargado de asegurar una oferta educativa de calidad para los estudiantes. Esto lo logra mediante el licenciamiento y supervisión de manera eficiente, predecible, transparente y respetando la autonomía universitaria. Con estas normativas, busca mejorar las competencias profesionales de los jóvenes.
Uno de sus principales objetivos es verificar que se cumplan las condiciones básicas de calidad y fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios otorgados bajo el marco legal se destinan adecuadamente a fines educativos y a la mejora continua de las instituciones.
Desde el 5 de enero de 2015, la Sunedu asumió un rol fiscalizador crucial para mejorar la calidad educativa en el país, utilizando sus facultades para autorizar o rechazar licenciamientos, los cuales son requisitos indispensables para que una institución pueda operar en el país.