La lucha contra el terrorismo en el Perú provocó más de un capítulo oscuro en nuestra historia que, por más que se haya intentado, no se podrá olvidar nunca.
Una de esas páginas negras comenzó a escribirse un día como hoy, 8 de julio, pero de 1993, cuando en Cieneguilla, se hallaron fosas clandestinas donde fueron hallados los restos de 10 personas en total (nueve estudiantes y un profesor), todos pertenecientes a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.
Los cuerpos, quemados y mezclados con fragmentos de ropa, zapatillas, cabellos y casquillos de bala, dieron inicio a uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en Perú.
Los hechos
La masacre de La Cantuta, ocurrida el 18 de julio de 1992, fue ejecutada por el destacamento paramilitar Grupo Colina, integrado por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y liderado por el agente preferido de Vladimiro Montesinos, el mayor Santiago Martín Rivas.
El objetivo era capturar a presuntos implicados en el atentado de Tarata (Miraflores), pero los detenidos fueron ejecutados. En 2007, tras ser extraditado de Chile, Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en estos crímenes, considerados delitos de lesa humanidad. En 2009, la Corte Suprema determinó que ninguna de las víctimas tenía vínculos con organizaciones terroristas.
La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, fundada en 1822 y con el estatus de universidad desde 1965, se había ganado la reputación de ser un centro de adoctrinamiento político radical.
Durante la década de 1980, con el retorno a la democracia y la reactivación de las universidades, los elementos radicales intensificaron sus actividades. Sendero Luminoso y el MRTA encontraron en La Cantuta un terreno fértil para la expansión de sus ideologías, lo que llevó al Estado a realizar intervenciones en el campus.
El 13 de febrero de 1987, en medio de un estado de emergencia, alrededor de cuatro mil policías ingresaron a las residencias universitarias de San Marcos, UNI y La Cantuta.
A lo largo de los años, estas intervenciones se multiplicaron, con arrestos masivos y enfrentamientos. En 1991, tras el asesinato de Rosa Pretell y el profesor Franklin Távara, la situación se tornó más tensa, con Sendero Luminoso consolidando su control sobre la universidad.
Muerte en Miraflores
Tras el coche bomba que explotó en Miraflores, el 16 de julio de 1992 y causó la muerte de 25 personas, al SIE llegó la información de que los responsables, miembros de Sendero Luminoso, se refugiaron en La Cantuta.
Esta situación llevó a una reunión donde participaron altos funcionarios del gobierno, entre ellos Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Se decidió una operación para capturar a los responsables, a cargo del Grupo Colina.
Para el día siguiente, el 17 de julio, Santiago Martín Rivas organizó el operativo. A las 6:30 de la tarde, dio instrucciones a sus hombres para reunirse y planificar la incursión en La Cantuta. A las 8:30 de la noche, el grupo se desplazó hacia la universidad.
A la altura del kilómetro 23, detuvieron los vehículos y se distribuyeron las tareas: un grupo se encargaría del asalto, otro de la seguridad y un tercero de la cobertura y detención. Aunque inicialmente la orden era de detención, la situación se complicó debido al estado de embriaguez de Martín Rivas.
Ejecutados sin juicio
Una vez ingresaron a la universidad, capturaron a los estudiantes y al profesor Hugo Muñoz Sánchez. Tras ser trasladados a un lugar apartado, los detenidos fueron ejecutados. Al día siguiente, Martín Rivas expresó su preocupación por la visibilidad de los cuerpos enterrados. Decidieron desenterrarlos y reubicarlos en diversas fosas.
En abril de 1993, un grupo de oficiales militares reveló un documento detallando los eventos en La Cantuta, señalando que el Grupo Colina operaba bajo órdenes directas de Vladimiro Montesinos y con el conocimiento de Fujimori.
En mayo del mismo año, el General Rodolfo Robles Espinoza denunció públicamente varias violaciones a los derechos humanos, incluyendo la matanza de La Cantuta, por lo que fue dado de baja del ejército y huyó del país.
La revelación de un plano que indicaba la ubicación de fosas clandestinas llevó a una investigación que confirmó la identidad de las víctimas para el mes de junio. En febrero del año siguiente, la Corte Suprema de Justicia Militar sentenció a diez autores de la masacre a penas de prisión.
En 2001, la Fiscal de la Nación presentó cargos contra Fujimori, acusándolo de ser uno de los coautores de la masacre de La Cantuta. En 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por estos crímenes, confirmándose la sentencia en 2010.