La minería ilegal sigue abriendo su paso en La Libertad. Este lunes, la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con el Ministerio Público, incautó material explosivo en un campamento destinado a la actividad ilícita en el distrito de Quiruvilca, en la provincia liberteña de Santiago de Chuco.
Según informaron las autoridades, el operativo resultó en la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con el delito. Los detenidos fueron identificados como Gilmer Alvarado Briceño (19), Marcos Alvarado (22), Felipe Álvarez (23) y Juan Flores Gil (26).
PNP incautó dinamita tras operativo
Entre los materiales incautados se encontraron 156 cartuchos de dinamita, dos rollos de mecha de seguridad de aproximadamente 500 metros cada uno, y nueve cajas con 100 detonadores para mecha de seguridad cada una.
También, las autoridades hallaron un grupo electrógeno, un generador eléctrico, un motor grande, una moto carguera, un tanque de quinientos litros con agua, un ventilador minero y un tablero de control eléctrico, además de baldes con aceite para motor y cuatro cilindros de plástico con combustible.
Asimismo, durante el operativo, el personal de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP detuvo a Milton Salinas (45), conductor de una camioneta que transportaba 60 galones de combustible sin la autorización requerida para el transporte y comercialización de hidrocarburos.
Las autoridades presumen que el material incautado iba a ser utilizado en detonaciones para actividades mineras ilegales. Tras este hecho, Salinas fue imputado por el delito de tráfico ilícito de insumos químicos destinados a la minería ilegal.
Minería ilegal se expande en La Libertad
Hoy en día, la minería ilegal —economía ilegal que genera más dinero que el narcotráfico y la corrupción en Perú— afecta a toda la región de La Libertad, especialmente en la provincia de Pataz.
Según Luis Miguel Castilla, director ejecutivo del Videnza Instituto, diariamente un promedio de 22 vehículos cargados con hasta 30 toneladas de mineral de oro de origen ilícito salen de dicho punto.
Sin embargo, las placas de estos vehículos no pertenecen a las tres empresas mineras formales en la provincia liberteña: Poderosa, Horizonte y Marsa, lo que sugiere que la extracción se realiza en socavones que frecuentemente invadidos por los mineros ilegales.
Patricia Ponce Saavedra, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) Transitoria de La Libertad, explica que, aunque los camiones transportan minerales de procedencia ilegal, los documentos que poseen aparentan ser legítimos y no son correctamente verificados, facilitando así su exportación sin una adecuada fiscalización.
Según Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología y Estudios sobre Violencia (ICEV), dicha situación responde a la limitada capacidad operativa de la provincia liberteña que hace imposible verificar si los volquetes provienen de concesiones legítimas.
En estos casos, los agentes solo revisan los documentos, lo que impide la intervención de la Policía al tratarse de un tema administrativo.
Ausencias en el Código Penal complican situación para combatir minería ilegal
El año pasado, entre septiembre y febrero, se registraron 3,417 volquetes cargados de mineral. No obstante, el marco legal en Perú, si bien incluye la minería ilegal como delito en el Código Penal, no contempla el transporte de minerales como una infracción específica.
De acuerdo a especialistas en materia de delitos ambientales, esto es aprovechado por los mineros ilegales para evitar la incautación de sus vehículos.
Además, en muchas ocasiones los vehículos que transportan este mineral están vinculadas a empresas cuyos gerentes figuran en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Esto podría significar que están utilizando documentos oficiales para “blanquear” el oro ilegal, un proceso que ayudaría a su exportación.