Familiares de la subgerente de educación de la Municipalidad de Lima ocupan puestos con sueldos de más de 15 mil soles

Un posible caso de nepotismo y contrataciones irregulares en la Subgerencia de Educación de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) fue expuesto por el dominical Contracorriente. Karina Leandro, subgerenta de Educación, está bajo la lupa por presuntamente favorecer a familiares con puestos laborales y salarios elevados sin cumplir con los requisitos académicos necesarios.

La investigación sugiere que Leandro facilitó la contratación de Pamela Carlos, pareja de su hermano, y Roxana Carlos Arias, madre de Pamela. Ambas trabajaron en la municipalidad en roles para los que no tenían la educación superior requerida. Pamela Carlos habría recibido en 2024 un total de S/ 15 mil y en 2023, S/ 14 mil 450 en ocho órdenes de servicio. Por su parte, Roxana Carlos Arias obtuvo S/ 12 mil en 2024 y S/ 22 mil en 2023, sumando un total de S/ 34 mil, según el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).

En la investigación se menciona que Pamela Carlos y Roxana Carlos Arias fueron contratadas como proveedoras, lo que permitió evitar requisitos más estrictos y facilitar la asignación de puestos de trabajo. Además, se argumenta que estas contrataciones podrían estar diseñadas para favorecer a personas cercanas a la subgerenta de Educación, eludiendo procesos de fiscalización más rigurosos.

Pamela Carlos, quien trabaja en la municipalidad, fue vista en compañía de su madre, Roxana Carlos Arias, en varias ocasiones. Ambas mujeres habrían negado conocer a Karina Leandro, a pesar de los vínculos familiares y laborales evidentes. Esta negación plantea dudas sobre la veracidad de las declaraciones y la transparencia en las contrataciones.

Las imágenes captadas por ‘ContraCorriente’ muestran a Roxana Carlos Arias saliendo del edificio San Carlos, donde trabaja su hija Pamela. A pesar de la negativa inicial, la investigación confirma que ambas mujeres tienen roles dentro de la municipalidad y reciben salarios considerablemente altos para los requisitos de sus puestos.

A pesar de ser consultadas por el caso, la subgerenta de Educación y ambas mujeres evitaron responder ante las acusaciones.

En diciembre de 2023, la Municipalidad de Lima lanzó una emisión de bonos de deuda por S/1.205 millones. Este plan de endeudamiento asciende a los S/4.000 millones y tiene como fin de financiar diversos proyectos de inversión pública.

Dicha operación, que contempla un plazo de retorno de 20 años y una tasa de interés del 10.1%, ha generado preocupación entre expertos financieros y organismos autónomos, como el Consejo Fiscal, por considerar que compromete las finanzas de futuras administraciones municipales.

Este organismo autónomo, que está encargado de supervisar las finanzas públicas, ha manifestado su inquietud al respecto. Argumentan que la tasa de interés aplicada es considerablemente elevada comparada con otras opciones de financiamiento que implicarían menores costos para el municipio.

Carlos Oliva, presidente del Consejo y exministro de Economía, sugirió que apoyándose con garantías del Gobierno central, la tasa de interés podría haberse reducido al 7%, representando un ahorro significativo de aproximadamente S/500 millones durante la vigencia de la deuda.

La estrategia adoptada por la Municipalidad de Lima ya había sido cuestionada previamente tanto por la Contraloría General de la República como por miembros del Concejo Metropolitano de Lima.

La principal crítica radica en la falta de fundamentos técnicos sólidos que justifiquen el nivel de endeudamiento y la rápida aprobación de proyectos sin el debido análisis ni debate, lo cual aumenta el riesgo financiero y la responsabilidad fiscal de la capital peruana.

Este tipo de cuestionamientos desfavorecen al líder de Renovación Popular, teniendo en cuenta una reciente encuesta realizada por Ipsos para Perú 21 reveló que el 64% de los habitantes de Lima desaprueba la gestión de López Aliaga. Así, aumenta la presión sobre el alcalde y su administración para que reconsideren las decisiones económicas tomadas y se busquen alternativas de financiamiento más sostenibles y con menor impacto en el endeudamiento municipal.