Ayacucho: Fiscalía recupera en Putis restos de 1 1 personas asesinadas por militares durante la violencia interna

La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos logró recuperar los restos de 11 personas, entre varones, mujeres y niños, en la localidad de Putis, provincia de Huanta, región Ayacucho, que corresponde a víctimas de militares durante la época de violencia interna en la década de 1980.

De acuerdo con La República, el Equipo Forense Especializado realizó una intervención arqueológica en Yanaorcco, Llamanniyocc, Misumachay e Hichocruz, zona considerada de alto riesgo por la inseguridad que representa.

La fiscal Karen Obregón indicó al mismo medio que esta diligencia se consideró un éxito debido a la dificultad de acceso al área intervenida, a las condiciones climáticas y a la poca presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La mayoría de los familiares de las víctimas pudieron acompañar los trabajadores del Ministerio Público gracias a que días antes del operativo se realizó una difusión radial por medio de Radio Amauta.

En total, cuatro arqueólogos, dos fiscales y un personal forense lograron la exhumación de tres de las 38 fosas comunes que restan por intervenir. La Fiscalía espera acudir a ellas en marzo del 2025 para tener un clima más favorable.

Los siguientes pasos, reporta La República, consiste en realizar los análisis correspondientes para la identificación, y así restituir los restos a los parientes. Sin embargo, en el caso de que lo encontrado sea difícil de procesar, se harán pruebas de ADN junto a los familiares más cercanos.

Las diligencias comenzaron en el 2015 y hasta el momento se ha identificado a 184 víctimas de las fuerzas militares y navales, además de 41 presuntas fosas de entierro.

En 2023, la Defensoría del Pueblo reportó que siguen sin identificar plenamente a 92 de las víctimas de la masacre de Putis, otro caso que se desarrolló en esta misma localidad ayacuchana. Los afectados permanecen con códigos numéricos desde el funeral colectivo de 2009. Los familiares de las víctimas continúan exigiendo justicia y la completa identificación de sus seres queridos.

De las 123 víctimas iniciales, solo 28 han sido reconocidas mediante pruebas de ADN. La medida propuesta actualmente busca asignar nombres a las tumbas que aún están marcadas con códigos, con el objetivo de ofrecer consuelo a los familiares y avanzar en el proceso de memoria y reparación.

Richard Olivera, coordinador del Módulo Defensorial en Huanta, resaltó la importancia de reconocer a cada víctima de manera individual para honrar su memoria. Además, enfatizó la necesidad de continuar con el proceso judicial contra los responsables en consonancia con las demandas de justicia de los parientes afectadas. Por otro lado, destacó que los familiares no descansarán hasta obtener justicia completa.

Como se recuerda, la Cuarta Sala Penal presidida por la jueza Miluska Cano responsabilizó a efectivos del Ejército de la masacre de casi un centenar de personas en esta localidad, cometida en diciembre de 1984.

Sin embargo, se absolvió al que fue jefe de la patrulla Lince, Luis Óscar Grados Bailetti, por falta de certeza sobre su participación en lo sucedido.

Este tribunal calificó a lo ocurrido como un delito de lesa humanidad y una grave violación a los derechos humanos. La magistrada precisó que los crímenes ocurrieron en un contexto donde la agrupación terrorista Sendero Luminoso se había infiltrado en la región y obligaba a la población a refugiarse en los cerros. En 1984 se estableció una base militar en Putis y Ayahuanco, operada por efectivos de la Segunda División de Infantería del Ejército.

De esta manera, se demostró que las víctimas, fueron asesinadas mientras se encontraban en una situación de indefensión, y que las mujeres habían sido abusadas sexualmente antes.