El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, comentó que el Poder Ejecutivo evaluará si observará el proyecto de ley que busca la prescripción de los delitos de lesa humanidad. Como se sabe, el jueves 4 de julio la Comisión Permanente del Congreso aprobó una nueva ley de Amnistía, que permite eximir de responsabilidad penal a personas condenadas e investigadas por crímenes que la Fiscalía calificó como delitos de lesa humanidad. La norma, conocida como la “ley que precisa la aplicación del alcance de estos delitos”, en la práctica permite la prescripción de estos crímenes siempre que se hayan cometido antes del 2002. Es decir, beneficiaría a Vladimiro Montesinos, Alberto Fujimori, Juan Rivero Lazo (exjefe del Grupo Colina), entre otros condenados.
Luego de que diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos señalaran el actuar del Parlamento, el ministro Desarrollo e Inclusión Social dijo que decidirán “como Estado” si observarán o no esta iniciativa legislativa. Esta pendiente que el dictamen llegue al gobierno, luego de que fue aprobado en segunda votación por la Comisión Permanente del Congreso.
Demartini subrayó la importancia de tener una opinión unificada como país, involucrando no solo al Ejecutivo, sino también al Congreso de la República, que propuso y aprobó la ley, así como al Poder Judicial.
Aseguró que respetan las decisiones que el Poder Legislativo toma. “Los Consejos de Ministros son los miércoles, esto ha sido aprobado en segunda votación en estas últimas horas y vamos a tener un dialogo con el Congreso y el Poder Judicial. Creo que es importante para tomar una decisión como Estado”, indicó.
Respecto a si el dictamen aprobado beneficia o no a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad, durante la dictadura de Alberto Fujimori, Demartini aseguró que todas las normas pretenden generar un mejor país y opinó que no cree que se busque la impunidad en estos casos.
Corte IDH pide anular proyecto de ley sobre crímenes de lesa humanidad
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó medidas provisionales en favor de los familiares de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, por las cuales el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado. La Corte solicitó al Estado peruano que, a través de sus tres poderes, tome las acciones necesarias para no adoptar, dejar sin efecto o no otorgar vigencia al proyecto de ley que permitiría la prescripción de los crímenes de lesa humanidad.
En una resolución emitida el pasado lunes primero de julio, el tribunal enfatizó que las sentencias relacionadas con estos casos, por los que Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión, hacen referencia a estos delitos y pidió anular otras iniciativas de ley similares para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.
Asimismo, la Corte ordenó al Estado presentar un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de la resolución antes del 9 de agosto de 2024. Posteriormente, el Estado deberá informar cada tres meses sobre las medidas provisionales adoptadas hasta que el tribunal determine que ya no son necesarias. Además, la resolución exige que las representantes de las víctimas presenten sus observaciones dentro de un plazo de cuatro semanas a partir de la notificación de los informes del Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deberá presentar sus observaciones en un plazo de dos semanas después de recibir las observaciones de las representantes.