El jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, ha modificado su posición respecto a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En 2018, insistía en la necesidad de que el Estado cumpla con las órdenes del tribunal internacional, mientras que este miércoles se declaró “absolutamente indignado” por un reciente fallo contra la ley sobre crímenes de lesa humanidad.
“Las resoluciones de la Corte IDH deben cumplirse y ejecutarse. El Estado peruano soberanamente se adhirió a la competencia jurisdiccional de la corte. [...] Tiene el deber de cumplirlo. Hay un camino y el camino es cumplir lo que ha dicho la corte y no tiene nada que ver con la violación de la soberanía”, declaró en una entrevista concedida a TV Perú hace seis años.
Ese año, la Corte IDH había ordenado archivar una acusación constitucional contra los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) Manuel Miranda, Mariella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinoza-Saldaña, quienes enfrentaban procesos tras ser denunciados por un grupo de exmarinos por modificar una sentencia en el caso El Frontón.
El titular del Congreso de ese entonces, el fujimorista Luis Galarreta, rechazó rotundamente la resolución y envió un oficio al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, con el argumento de que el proceso estaba amparado en la Constitución y el Reglamento del Congreso. Galarreta sostuvo que la resolución “vulnera” el derecho internacional público y atenta contra la soberanía del Estado peruano.
En contrarréplica, Adrianzén —exministro de Justicia— enfatizó que la Constitución debe interpretarse en conexión con los tratados de derechos humanos suscritos por Perú. “El único camino es cumplir lo que la corte ha dicho. Dejar de cumplir esta resolución nos pone al borde de países como Nicaragua y otras dictaduras, alejándonos de las democracias”, defendió.
De igual modo, subrayó las repercusiones internacionales que el incumplimiento podría acarrear. “La sanción internacional que recaería sobre Perú es gravísima. El Perú pretende ingresar a la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico], un club exclusivo de países que exige estándares mínimos de cumplimiento y respeto de derechos humanos. No cumplir una sentencia de la corte nos pone sin duda fuera de las pretensiones de acceder a la OCDE porque seríamos vistos como un país incumplidor”, dijo.
Añadió que su experiencia en litigios ante la Corte IDH le ha enseñado a aceptar las sentencias, sea cual sea el resultado: “He litigado más de una vez en la corte. En algunas oportunidades las sentencias me han resultado favorables y en otras no. Pero nunca he tenido la pretensión de decir ‘desconozcamos esta resolución porque no es lo que yo esperaba’”.
Sin embargo, en un sorprendente giro, el premier sugirió desacato a la reciente resolución de la Corte IDH, que ordenó a Perú dejar sin efecto un polémico proyecto de ley sobre crímenes de lesa humanidad y de guerra, que permitiría la prescripción de esos delitos.
“Indignado, absolutamente indignado por lo resuelto por la Corte IDH, que decide, de la manera más insólita, y sin que exista precedente alguno en la jurisprudencia de esa corte, dictar una medida cautelar en contra de un proyecto de ley que ni siquiera se ha convertido en ley”, declaró en la víspera.
“Lo que resulta intolerable es que [el tribunal] llame a los tres poderes del Estado de un Estado miembro, absolutamente independiente y soberano, para impedir que ejerza las funciones que constitucionalmente le han sido atribuidas”, señaló. La Comisión Permanente del Congreso finalmente aprobó la ley en segunda votación, en abierto desafío a la Corte IDH, pese a que expertos de la ONU habían advertido que, de obtener luz verde, Perú contravendría el derecho internacional.
Adrianzén destacó que el fallo fue abordado en la última sesión del Consejo de Ministros, donde se le ordenó “tomar contacto con los líderes del Poder Judicial y Legislativo” para coordinar y emitir una respuesta conjunta en la que se manifieste “el rechazo a este tipo de disposiciones provenientes de la justicia supranacional”.
El proyecto aprobado busca impedir el procesamiento de cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002 y, por lo tanto, excluye el periodo del conflicto interno en el que fallecieron 69.000 personas.
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