El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte volvió a observar la autógrafa de la ley que prohibía que las empresas realicen llamadas y mensajes spam a los usuarios, a excepción de aquellos por iniciativa propia solicitan recibir dicha información.
Según el Ejecutivo, se estaría eliminando la posibilidad de que la empresa haga “un primer contacto (al usuario) con la finalidad de obtener el consentimiento”.
“Esta prohibición imposibilitaría la manifestación expresa e inequívoca del propio consentimiento del titular para las posteriores comunicaciones de tal índole, limitando no solo el interés del responsable del tratamiento de los datos personales (en este caso, el anunciante), sino también el del titular de los datos personales, impidiéndole elegir acceder a ofertas, en el caso de que sean relevantes para él”, se lee en el oficio enviado al Parlamento.
Para el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Wilson Soto, la observación hecha por el Gobierno es “absurda”.
“Lamentamos que se haya observado una ley crucial para proteger a los consumidores del acoso constante de las llamadas spam. La observación del Ejecutivo, que insiste en que los proveedores tienen derecho a un primer contacto para conseguir el consentimiento de los usuarios, es absurda”, dijo Soto.
El acciopopulista adelantó que se desestimarán los comentarios del Gobierno y se buscará la aprobación de la norma por insistencia.
Esta es la tercera vez que el Gobierno de Boluarte observa la norma que prohibía que call centers llamen o envíen mensajes a los usuarios ofreciendo servicios o productos sin el conocimiento expreso de ellos. La primera vez fue en abril de 2023, mientras que la segunda ocasión fue en octubre del mismo año.
En caso de que el Parlamento rechace los comentarios del Ejecutivo y apruebe por insistencia la norma, la ley será promulgada directamente por el presidente del Congreso, Alejandro Soto.
La ley antispam
En junio de este año, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley para combatir las llamadas y mensajes spam. La votación fue unánime y busca proteger la privacidad de los usuarios. La normativa prohíbe a las empresas contactar a los consumidores sin su consentimiento explícito. Las sanciones pueden llegar hasta 450 unidades impositivas tributarias, aproximándose a los 2 millones 317 mil soles.
Wilson Soto Palacios, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, enfatizó la necesidad de esta legislación. Señaló que las prácticas intrusivas de las empresas afectan negativamente a los usuarios. El proyecto de ley permitirá a los consumidores eliminar sus datos de las bases de datos comerciales y reportar infracciones a Indecopi.
José Antonio Chauca, abogado en derecho comercial, explicó a El Comercio que la ley tardará hasta seis meses en ser implementada, dependiendo del proceso legislativo y administrativo. Chauca agregó que los usuarios tienen el derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales de las empresas que realizan marketing no solicitado.
No obstante, la Asociación Peruana de Experiencia al Cliente (Apexo) señaló posibles impactos negativos en la industria de los centros de contacto (call centers). Apexo advirtió que las restricciones pueden dejar a más de 20 mil personas sin empleo, incluidos jóvenes y madres solteras. La asociación sugiere equilibrar la protección del consumidor con la necesidad de mantener el empleo.
Más Noticias
Lucy Bacigalupo se sometió a nueva operación en la columna tras negligencia: “Podría haber quedado parapléjica”
Ale Baigorria celebra la Navidad a sus trabajadores con canastas, electrodomésticos y un gran banquete
Susan Green revela detalles de su affaire con Tato Luna y las amenazas que recibió por hablar: “Lo vi encantador”
Magaly revela que exitosa empresaria norteamericana tenía una relación con Tato Luna: “La fama lo cambió”
Tato Luna es acusado de engañar a varias mujeres y muestran chats y audios: Él las amenazó con carta notarial
