Familias venezolanas se encuentran varadas en el paso fronterizo entre Perú y Chile por no contar con los documentos requeridos para ingresar a territorio nacional.
Como se sabe, desde este martes 2 de julio, el Estado peruano ha comenzado a exigir visa y pasaporte a todas personas originarias de este país.
De acuerdo a RPP, en la zona situada entre los complejos fronterizos de Chacalluta (Arica) y Santa Rosa (Tacna), hay individuos que no pueden retornar a Chile debido a que cuentan documentos que señalan que han sido expulsados. Indican, además, que en el lugar no hay ningún tipo de servicios para realizar un aseo o alimentación adecuados.
Por otra parte, en diálogo con Latina, algunos afectados, que llegaron a Tacna desde Arica, cuentan que entre los presentes se encuentra niños y adultos mayores y que sus documentos están vencidos.
Asimismo, piden a las autoridades que les permitan ingresar para llegar a Venezuela, ya que no tenían intención de quedarse.
¿Qué dice la norma?
La resolución emitida por Migraciones señala que los ciudadanos venezolanos podrán acogerse a tres tipos de visado para distintos propósitos. Entre los pocos países que requieren visa para personas de esta nación, están Cuba, Nicaragua y Haití.
El consulado peruano en Caracas informó que los interesados deben pagar por el costo del visado, que es de 30 dólares y que se puede depositar mediante tarjeta de débito venezolana.
El procesamiento de la visa puede tardar entre cinco días y una semana. La nueva normativa manifiesta que estos documentos no permiten la residencia permanente ni actividades remuneradas. Además, precisa que su objetivo es solo para viajes de corto plazo por motivos turísticos.
Nela Herrera, presidenta de la Organización de Colaboradores para la Asistencia Social de Inmigrantes Venezolanos (Ocasiven), explicó en entrevista con RPP que esta nueva normativa podría aumentar el número de venezolanos en situación irregular.
“Pedimos que estudien y evalúen los casos para que pueda ser flexible. Esto puede generar también desventajas de que ahora el tránsito irregular podría aumentar, porque mientras más barreras haya para ingresar, menos pueden acceder a ver quienes están ingresando al país y puede aumentar las entradas de manera irregular”, aseveró.
Pronunciamiento de defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo informó al superintendente de Migraciones, Armando García Chunga, su preocupación respecto a esta medida debido a las limitaciones que estarían afrontando las personas en condición de vulnerabilidad para cruzar la frontera.
En ese sentido, la institución señala que es importante permitir excepciones humanitarias para los casos de niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas que buscan cruzar el territorio nacional para reunirse con sus familiares que residen en el Perú o en otros países.
También se precisa que si bien la regulación en el ingreso de personas extranjeras corresponde al principio de soberanía que tiene cada nación, también se debe tomar en cuenta los compromisos internacionales relacionados con el derecho al refugio, gracias a la adhesión de Perú al Pacto Mundial sobre los Refugiados del 2018, ni los principios establecidos en la Política Nacional Migratoria 2017-2025, en la Ley General de Migraciones y en el Decreto Legislativo 1350, que protege la reunificación familiar y el interés superior del niño.
Por ello, la Defensoría solicitó a Migraciones reconsiderar la normativa y flexibilizar la entrada de ciudadanos considerados vulnerables.
“La presencia de ciudadanos venezolanos en esta condición fue corroborada en una visita efectuada ayer por representantes de la sede de la Defensoría del Pueblo en Tacna a la Línea de la Concordia, donde se pudo observar a cerca de 20 personas varadas por no contar con pasaporte vigente ni visa para ingresar al territorio nacional, entre los que se encontraban adultos mayores y niños”, indica la institución independiente.