Una nueva amenaza acecha a los pueblos indígenas en situación aislamiento y contacto inicial (PIACI) en la Amazonía peruana, considerados los más vulnerables del planeta por depender solo de los recursos que hay en sus territorios.
De acuerdo a una investigación de la agencia de noticias intercultural Servindi, el Congreso de la República busca aprobar el Proyecto de Ley N.º 6960/2023-CR, impulsado por la congresista de Fuerza Popular, Jeny Luz López Morales, que declara de interés nacional una carretera que atraviesa las ciudades de Pucallpa, Nuevo Italia, Nueva Victoria, Sawawo y Breu, en Ucayali.
Sin embargo, el Parlamento no habría tomado en cuenta un detalle crucial: el corredor vial se aproxima peligrosamente a la Reserva Indígena Murunahua, territorio que protege a los pueblos indígenas Chitonahua, Mashco Piro y Amahuaca, en la frontera de Perú con Brasil.
Los hechos expuestos se basan en un estudio reciente del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), el cual ha detectado caminos forestales y deforestación en áreas cercanas al territorio ancestral de estos pueblos originarios, que, además, correrían otros riesgos por la concentración de cultivos de coca en la ruta, abriendo paso al narcotráfico.
Proyecto se impulsa sin realizar estudio de impacto ambiental, aseguran
Según la investigación del periodista Renzo Anselmo, esta vía se basa en una antigua carretera construida por la empresa Forestal Venao que atraviesa los distritos de Tahuania, Iparia, Masisea y Yurúa, y culmina en la localidad de Breu, capital del distrito ucayalino de Yurúa y próxima a la Reserva Indígena Murunahua.
Dicha reserva tiene una superficie de más de 470 mil hectáreas y protege a los pueblos Chitonahua, Mashco Piro y Amahuaca, quienes se aislaron tras la explotación del caucho a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.
En esa línea, líderes indígenas, tales como Alberto García Paredes, consideran que la construcción de la carretera Nueva Italia – Breu representa una amenaza directa a la reserva indígena, que, aseguran, se estaría impulsando sin realizar estudios de impacto ambiental y sin la adecuada consulta previa, tal como lo requiere el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Perú en 1995. Por este motivo, exigen que la iniciativa legislativa sea archivada.
“Nosotros no estamos siendo consultados. Sabemos que detrás están los intereses de empresarios madereros, de empresarios de palma aceitera y de funcionarios como los alcaldes. La carretera está trayendo muchas personas foráneas, con interés de manipular a la gente, depredar los bosques y aumentar el narcotráfico. La gran mira de esas personas es traficar hacia Brasil, lo cual afectaría a la comunidad y pondría en peligro a los indígenas más vulnerables de las reservas cercanas. El impacto va a ser fuerte, eso es lo que no se quiere que pase”, dijo el líder indígena Alberto García Paredes a Servindi.
Carretera es avalada por MTC
También, el periodista de investigación Iván Brehaut precisa que los planes para asfaltar la carretera Nueva Italia – Breu existen desde 2019, pero enfrentan la resistencia de comunidades como la de Sawawo Hito 40.
María Elena Paredes Márquez, presidenta de esta comunidad nativa, informó al portal Servindi sobre las denuncias presentadas ante la Fiscalía por delitos contra los bosques, amenazas y usurpación de tierras, problemas que estaría ocasionando la construcción del proyecto. Sin embargo, hasta la fecha, afirma que no han obtenido respuestas de las autoridades.
Y, por otro lado, aunque la organización civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) ha advertido que la pavimentación de la carretera se superpone al territorio de alrededor de 40 comunidades nativas y áreas protegidas, el corredor vial figura en el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con la categoría de “Red Vial Departamental” y el código UC-105.
Mincul asegura que no haber recibido alertas
Servindi consultó al Ministerio de Cultura sobre el polémico tema. El sector encargado de defender la política de protección de los pueblos aislados respondió que la vía visible de la carretera se encuentra a 65 kilómetros en línea recta de la reserva y que no han recibido alertas sobre cultivos de coca en la zona.
Sin embargo, los cuestionamientos no terminan ahí, pues, las comunidades indígenas que defienden a los pueblos aislados señalan a la titular del ministerio, Leslie Urteaga, por proponer un grupo técnico que actualmente estaría evaluando la “flexibilización” de la intangibilidad de las reservas para indígenas aislados.
Esto a pesar que los pueblos que viven en estas reservas son extremadamente vulnerables a enfermedades comunes y dependen completamente de los recursos del bosque para sobrevivir.
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