Al menos tres trabajadores del Congreso de la República dejaron sus funciones para acudir a los exteriores de la Corte Superior Nacional de Justicia, donde arengaron y cuidaron a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien enfrenta un juicio oral por lavado de activos, un caso por el que el Ministerio Público pide 30 años de prisión por presuntamente haber recibido aportes ilícitos en sus campañas electorales de 2011 y 2016.
Según un informe difundido este miércoles por Bunker, los empleados involucrados son Joaquín Pajuelo Chávez, auxiliar de la Oficina de Seguridad; Vanessa Acuña Céspedes, técnica del grupo parlamentario de Fuerza Popular; y Dalila Bravo Valladolid, asesora II de la Subcomisión de Control Político de la Comisión de Constitución y Reglamento. Fuentes confirmaron al portal periodístico que todos ellos continúan en funciones.
Joaquín Pajuelo Chávez, quien gana 3,655 soles, fue visto cuidando a la lideresa naranja cuando llegó a su audiencia en el Poder Judicial. Vanessa Acuña Céspedes, bachiller en Ciencias Políticas y excandidata al Congreso que gana más de 7,000 soles mensuales, fue vista bailando en una portátil a favor de Fujimori, entre carteles que decían “Keiko, el pueblo está contigo”.
Dalila Bravo Valladolid, quien recibe un salario mensual de más de 10,000 soles, es asesora II de la subcomisión presidida por la congresista Patricia Juárez, vocera de Fuerza Popular y una de las personas cercanas a la excandidata presidencial. La empleada parlamentaria también ha sido candidata al Parlamento y a la Municipalidad de La Victoria en 2018. Ni Juárez ni los involucrados hicieron comentarios al respecto.
Keiko Fujimori llegó este lunes a la Corte Superior Nacional de Justicia para el inicio del juicio acompañada por su abogada Giuliana Loza, quien también está implicada en el proceso, al igual que unas 40 personas vinculadas a su partido y las actividades de recaudación de fondos. En los alrededores del lugar había simpatizantes que coreaban lemas como “Keiko es inocente” y “Aquí está tu gente”, acompañados por percusiones y banderolas con el color naranja, característico de la organización política.
Un día antes de la instalación de su juicio, la política declaró a Canal N que, durante la investigación preliminar, se demostró que los fondos recibidos en sus campañas provenían de personas y empresarios de prestigio en el país, y tenían origen lícito y legal.
Respecto a las declaraciones de representantes de la constructora Odebrecht, quienes afirmaron haber aportado 1.2 millones de dólares de manera ilícita a su campaña en 2011, Fujimori recordó que Marcelo Odebrecht, dueño de la firma brasileña, dijo que no la conocía y que el exdirectivo en Perú, Jorge Barata, comentó que “jamás” había tenido contacto con ella. “Ellos han negado que haya recibido los aportes”, señaló.
La excandidata afirmó sentirse “fuerte”, aunque lamentó haber pasado los últimos ocho años enfrentando “muchísimo dolor” y situaciones “arbitrarias e injustas”, como las tres veces que estuvo en prisión preventiva por este caso.
Al sustentar la acusación, el fiscal José Domingo Pérez afirmó que Fujimori fundó el partido Fuerza Popular no solo para lucrar, sino para lograr la impunidad de sus integrantes. Durante la audiencia pública, el magistrado sostuvo que el partido es una organización criminal que “no busca solamente lucrar”, sino que busca poder para “maximizar sus intereses” y lograr la protección de sus integrantes instrumentalizando a las instituciones del Estado.
Expresó, además, que ese partido ha buscado controlar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el entonces Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, “con el propósito de lograr la impunidad de quienes han cometido estos graves delitos”
Domingo Pérez también afirmó que la acusada “tenía conocimiento y manejo de los ingresos que captaba” para sus actividades proselitistas y declaró que uno de los testigos de la Fiscalía, el empresario Antonio Camayo, confirmó que se le conocía por el alias de ‘Señora K’ y que era quien ejercía una jerarquía vertical, a cargo de conducir y coordinar las actividades criminales.
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