El Poder Judicial rechazó la prescripción del delito de asociación ilícita para delinquir para el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) y su exasesor, Vladimiro Montesinos, por su presunta intervención en los casos Pativilca y La Cantuta. La decisión adoptada por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema fue hecha pública este jueves e implica también al exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermoza, y el exoficial del Ejército, Luis Pérez Documet.
El fallo declaró nula la resolución emitida en octubre de 2023 por la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora, que había aceptado esta prescripción. Sin embargo, el Procurador Público Especializado en Delitos contra el Orden Público del Ministerio del Interior apeló la decisión.
El tribunal concluyó que “los hechos atribuidos, calificados como asociación ilícita para delinquir, en la medida en que están ligados a graves violaciones a derechos humanos, pueden ser considerados también de lesa humanidad”. En consecuencia, dispuso que el proceso prosiga en este extremo, según su estado.
En el caso Pativilca, Fujimori está acusado de haber aprobado e implementado una política antiterrorista, diseñada por Montesinos, que incluyó la reestructuración del Sistema de Defensa Nacional y la emisión de nuevas leyes que otorgaban al jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) la máxima autoridad en el sistema.
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Bajo este marco, según la acusación, se ordenaron “Operaciones Especiales de Inteligencia” (OEI) para eliminar presuntos elementos terroristas. Una de estas operaciones fue ejecutada en 1992 por el grupo encubierto Colina en la localidad de Pativilca, donde seis campesinos fueron asesinados.
Montesinos propuso el nombramiento de personas de su confianza en puestos clave de las instituciones armadas y compartió el control del SIN. Con el conocimiento y autorización de Fujimori, ordenó el operativo que resultó en el asesinato de los pobladores.
En el caso La Cantuta ―se lee en la resolución—, el exasesor está acusado de haber actuado como jefe de facto del SIN y de planificar políticas de eliminación de personas vinculadas al terrorismo. El 17 de julio de 1992, con el consentimiento de Fujimori, Montesinos ordenó al grupo Colina un operativo en la Universidad La Cantuta, poco después del ataque con coche bomba de Sendero Luminoso contra la calle Tarata, que dejó una veintena de muertos.
Esta orden fue comunicada a todos los mandos intermedios, quienes autorizaron y facilitaron la operación, lo que resultó en la desaparición de diez estudiantes y un profesor. Esta masacre fue uno de los casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel, pena que cumplía hasta que fue excarcelado del penal de Barbadillo en contra de una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El otro caso es la matanza de Barrios Altos en 1991, donde 15 personas, incluido un niño, fueron asesinadas por Colina durante una fiesta, al confundirla con una reunión de miembros de Sendero Luminoso.
La resolución de la Corte Suprema fue difundida el mismo día en que la Comisión Permanente del Congreso aprobó, en segunda votación, la ley que propone limitar la aplicación y alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, en abierto desafío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que pidió al Estado peruano que la deje sin efecto por la prescripción que significaba para esos casos.
La norma quedó aprobada con 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención en una sesión de la Comisión Permanente, que la puso como uno de los primeros temas de debate.
Juicio por caso Pativilca
Actualmente, Fujimori enfrenta un juicio por el caso Pativilca bajo la acusación de ser el autor mediato (con dominio del hecho) del delito de homicidio en la modalidad de asesinato con alevosía, calificado como delito de lesa humanidad, por el secuestro, tortura y asesinato de los seis campesinos.
Montesinos aceptó los cargos presentados en su contra por este caso y recibió una condena anticipada de 19 años y 8 meses, que prácticamente está cumplida, dado que está en prisión desde el año 2001 por otros delitos de violación a los derechos humanos y corrupción.
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