La reforma agraria: causas y consecuencias de la polémica medida que todavía se pueden ver en estos días

La reforma agraria fue un proceso político que buscó redistribuir las tierras en Perú. Y hasta hoy, más de 50 años después, sigue siendo un tema de debate por su impacto en el sector agrícola. Para entender esta medida, es necesario analizar su implementación y consecuencias en la sociedad peruana.

Este proceso se fundamenta en medidas económicas y sociales para redistribuir la propiedad de la tierra, con el objetivo de aliviar la desigualdad y mejorar la productividad agrícola.

Para llevarlo a cabo, se requirió la intervención gubernamental y el uso de la coerción estatal, bajo dos suposiciones principales. La primera es que una distribución más equitativa de la tierra generaría efectos positivos; la segunda, que los beneficios a largo plazo superarían los costos involucrados.

En nuestro Perú, la reforma agraria se inició con el respaldo militar en un gobierno de izquierda que duró siete años, incluyendo la estatización de diversas industrias y el control de las telecomunicaciones. En 1969, el gobierno del general Juan Velasco Alvarado promulgó la ley de reforma agraria, que justificaba la expropiación de tierras en los principios mencionados.

Las tierras fueron entregadas a los beneficiarios, que se comprometieron a pagar en un plazo de 20 años. La mayoría de los beneficiarios no eran propietarios individuales, sino cooperativas formadas por campesinos o extrabajadores de los latifundios.

Las cooperativas agrarias de producción y las sociedades agrícolas de interés social recibieron el 76% del total de tierras expropiadas. Esta tendencia a agrupar a los beneficiarios fue una de las razones por las cuales no se cumplieron las expectativas de la reforma.

La naturaleza colectiva de la propiedad distorsionó la entrega de tierras y dificultó la toma de decisiones. A pesar de ser trabajadores y accionistas a la vez, el manejo diario de las tierras estuvo a cargo de tecnócratas agrónomos designados por el Estado.

El valor de las tierras entregadas varió considerablemente, ya que se infló la superficie agropecuaria, incluyendo tierras fértiles junto con improductivas, sobreexplotadas, y pastos naturales. Así, se añadió un 38% más a la superficie realmente productiva, creando diferencias significativas entre la distribución de haciendas costeras y las de la sierra.

Por ejemplo, mil hectáreas de pastos naturales en la sierra podían sostener alrededor de 500 cabezas de ganado, cuya producción de lana y carne generaba un ingreso bruto anual de 2,400 soles. Esta cantidad de tierra podría ser considerada un gran latifundio en una hacienda azucarera en la costa, pero representaba pobreza extrema en la sierra.

Diversos factores sugieren que la reforma fue fallida. Según estudios del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los indicadores de bienestar disminuyeron considerablemente, colocando a Perú entre los tres países con mayor tasa de desnutrición en la región.

Uno de los objetivos era mejorar el nivel de vida del campesino; sin embargo, para el final de la reforma, las condiciones habían empeorado.

Además, la productividad se vio severamente afectada, y el índice de contribución de la productividad al crecimiento del PBI agropecuario pasó de ser el más alto en la región a ser negativo.

Aunque la estructura de latifundios y minifundios no varió mucho desde 1961 hasta 2012, la producción agrícola, su rendimiento y la calidad de vida de los campesinos cambiaron significativamente. Hoy en día, a pesar de las mejoras, Perú aún está retrasado en términos de producción agrícola y falta de tecnología en comparación con otros países de la región.