Estos son los 15 congresistas que transgredieron la orden de la Corte IDH y votaron a favor de la ‘Ley Amnistía’

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó este jueves 4 de julio la ley que establece la prescripción de los crímenes de lesa humanidad. Esta decisión se tomó ignorando la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que pidió al Legislativo que retroceda sobre este proyecto, puesto que afecta directamente casos emblemáticos del conflicto armado interno ocurrido en Perú entre las décadas de 1980 y 2000, como Barrios Altos y La Cantuta.

Con 15 votos a favor y 12 en contra, el Parlamento dio luz verde la denominada Ley de Amnistía que exime de responsabilidad penal a individuos sentenciados o investigados por crímenes considerados delitos de lesa humanidad por la Fiscalía de la Nación.

La bancada de Fuerza Popular mostró un apoyo unánime al proyecto con los votos de los congresistas Arturo Alegría, Alejandro Aguinaga, Eduardo Castillo, Patricia Juárez, César Revilla y Martha Moyano. Estos votos fueron fundamentales para la aprobación de la iniciativa.

Además de los votos del fujimorismo, se sumaron los de Patricia Chirinos de Avanza País; Diego Bazán, Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso (APP); María Acuña, Wilson Soto de Acción Popular (AP); José Luna de Podemos Perú; Jorge Montoya y José Cueto, de Honor y Democracia; y José Jerí de Somos Perú.

La Corte IDH concluyó que la aprobación del proyecto de ley podría obstruir el derecho a la justicia de las víctimas, y señaló que la prohibición de la prescripción en casos de violaciones masivas o sistemáticas a derechos humanos es una norma imperativa de derecho internacional. La resolución de la Corte destacó la obligación de Perú de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos delitos.

El proyecto de ley No. 6951/2023-CR declara la prescripción de crímenes de lesa humanidad ocurridos antes de la vigencia del Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.

Asimismo, la Corte advirtió sobre la falta de garantías de un control judicial interno, ya que la redacción del proyecto amenaza con responsabilizar a autoridades jurisdiccionales que no aplicaran la ley inmediatamente, lo que podría coartar la independencia judicial. Recordó también la obligatoriedad de sus decisiones para todas las autoridades estatales, incluyendo el Poder Legislativo, enfatizando la necesidad de un control de convencionalidad para asegurar que el derecho nacional sea consistente con las obligaciones internacionales en derechos humanos.

A pesar de esto, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo mostraron señales de desacato a las obligaciones internacionales de Perú. El Premier Gustavo Adrianzén expresó su desacuerdo con la decisión de la Corte IDH. La ausencia de compromiso por parte del Gobierno y el Congreso deja desamparadas a las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta.

Perú tiene un historial de desacato a la Corte IDH, como lo demuestra la liberación de Alberto Fujimori en el pasado. Esto coloca al país entre los que más incumplen sus obligaciones internacionales en la región, en contraste con países como Guatemala y El Salvador que han acatado decisiones similares de la Corte IDH.

El congresista Wilson Soto, del partido Acción Popular, ha pedido modificar su voto en la segunda votación del Proyecto de Ley 6951, que plantea establecer la prescripción de delitos de lesa humanidad. El parlamentario expresó sus preocupaciones sobre la impunidad y la necesidad de reflexionar sobre su postura inicial. Señaló que “no podemos permitir que estos delitos, y quienes los cometieron, queden impunes,” en una declaración difundida por medios locales.

Organizaciones de derechos humanos y diversas agrupaciones sociales han tomado posiciones en contra, argumentando que la medida podría debilitar severamente los mecanismos de justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.