El congresista Darwin Espinoza se encuentra en el ojo del huracán luego de que un testigo protegido revelara ante la Fiscalía de la Nación que el investigado congresista ordenó a sus subalternos ocultar documentos físicos incriminatorios en un inmueble en Chimbote. La investigación, que inició tras denunciarse que había usado recursos del Congreso para impulsar su partido político, también lo vincula con el uso indebido de personal asignado a su despacho para este propósito, se complica con estas nuevas declaraciones.
La revelación de un nuevo ocultamiento de información fue reportado este jueves 4 de julio por El Comercio; en donde se detallaron las declaraciones del testigo protegido identificado como TP-01-111-2024/AEIDC. En su declaración ante el Ministerio Público. Este testigo señaló que Espinoza no solo habría ordenado eliminar información de las computadoras de su despacho, sino que también ocultó documentos importantes en un inmueble que no era de su propiedad en Chimbote.
Como se sabe, el informe de Punto Final, que sacó a la luz estas prácticas, se incluyeron imágenes de los trabajadores de Espinoza recolectando firmas y DNI para las fichas de afiliación, a cambio de regalos como pelotas inflables. Estas fichas fueron impresas y almacenadas en las computadoras del despacho congresal que eran descontadas como consumo del mismo parlamento, pese a que eran para beneficio del mismo Espinoza y sus intenciones proselitistas; según lo reportado por el dominical.
Intento de obstaculización a las investigaciones continúa con el ocultamiento de documentos
Ahora, el testigo asegura que el congresista y su asesor, Darwin Ramírez, lograron llevarse los materiales del despacho congresal a un lugar que solo ellos conocen. Este lugar estaría vinculado a Ruth Sofía Damacen Villafana, una trabajadora del Congreso.
“Darwin Espinoza y su asesor Darwin Ramírez lograron sacar todos los materiales del despacho congresal (fichas de afiliación y otros) y lo llevaron a un paradero que solo ellos conocen y estaría en Chimbote”, se lee en la declaración advertida por el diario.
El testimonio fue corroborado por allanamientos a diversas propiedades, entre las que se incluyen las de Espinoza en Lima, de su hermano Renato y de su madre en Chimbote, así como las de sus asesores y otros trabajadores. Durante estos operativos, la Fiscalía buscaba incautar documentos, equipos de cómputo y otros materiales relacionados con las actividades investigadas.
La investigación contra Espinoza está relacionada con acusaciones de peculado y concusión. Se le imputa haber utilizado recursos del Congreso, tales como computadoras, impresoras y el trabajo de varios empleados, para apoyar la inscripción del movimiento regional ‘Adelante Ancash’. Estos recursos habrían sido utilizados indebidamente como parte de una maquinaria electoral a favor del congresista.
Fiscalía “habría encontrado” el material ocultado por Darwin Espinoza
Otras de las viviendas registradas incluyen las de Kevin Haro Rodríguez en Nuevo Chimbote y Juan Eduardo Vidal Paroy en el Callao, quienes según el testigo protegido, guardaban pelotas y otras evidencias. Las declaraciones del testigo protegido también mencionan que, advertido por el reportaje inicial, Espinoza habría dispuesto una limpieza exhaustiva de su despacho, desapareciendo fichas y borrando información de las computadoras. Estos datos vinculados al proceso de afiliación fueron transportados a diferentes domicilios de sus colaboradores.
De hecho, fuentes del medio en la Fiscalía de la Nación revelaron que durante los allanamientos al resto de sus trabajadores “sí habían encontrado el material que buscaban”. “Incluso se habría logrado sacar todos los materiales del despacho congresal. Existen documentos que se encuentran guardados en la casa de un joven de apelativo ‘niño’, que su mamá trabaja en el Congreso, se llama Ruth Sofía Damacén Villafana, quienes tienen vínculos de amistad con el congresista Espinoza”, detallan en el informe.
Espinoza, por su lado, ha negado rotundamente todas las acusaciones. En múltiples declaraciones a la prensa, el congresista ha calificado el proceso en su contra como un “circo” y un “acoso” por parte de la fiscalía. En sus redes sociales, Espinoza ha desmentido las imputaciones y ha afirmado que las pruebas presentadas no se ajustan a la realidad. Indica que el responsable de las impresiones de las fichas de afiliación sería el testigo protegido y no él.
Los trabajadores implicados también han proporcionado sus versiones a la fiscalía. Por ejemplo, Franco Carlo Mora Cabrera ha señalado que su presencia en Áncash fue por un pedido de apoyo de Yuri Espinoza, hermano del congresista. De manera similar, Kevin Haro Rodríguez y Wilfredo Valencia Sánchez han negado que su participación en la recolección de firmas tuviera un trasfondo laboral oficial, señalando que sus actuaciones fueron personales y bajo solicitud verbal.
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