Congreso: presidente del TC agenda demanda competencial contra el Poder Judicial para el 10 de julio

En un contexto marcado por la tensión entre el Congreso de la República y el Poder Judicial (PJ), el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Morales Saravia, ha fijado para el próximo miércoles 10 de julio la audiencia pública en la que se revisará la demanda competencial presentada por el Legislativo. Esta confirmación se ha realizado a través del portal web del TC, indicando que la audiencia comenzará a partir de las 9:00 a.m y según lo que se sabe respecto a esta demanda, se busca que las medidas cautelares (y ahora fallo) en favor de Aldo Vásquez e Inés Tello, ambos repuestos miembros de la JNJ, sean anuladas.

Para tal sentido, el Congreso ha decidido acreditar como su representante al aún abogado de Patricia Benavides, Aníbal Quiroga, quien mediante un servicio “ad honorem” asumirá la defensa de dicho poder en representación de la Procuraduría del Congreso y ante el TC. Esto quiere decir, que su intervención se dará sin recibir pago por sus servicios. La elección de Quiroga no es casual, dada su cercanía en el ámbito jurídico al Legislativo.

Como se sabe, esta demanda competencial fue planteada por el Congreso en abril de este año, argumentando que el PJ está interfiriendo en sus atribuciones. El Legislativo asegura que esta intervención se traduce en un “conflicto por menoscabo de competencias en sentido estricto”, señalando que el Poder Judicial habría ejercido su potestad de administrar justicia de manera indebida. La tensión se centra principalmente en la orden del PJ para reponer en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez, lo que según el Congreso va más allá de las facultades del Poder Judicial.

No obstante, dicho poder del Estado, a través de su procurador, solicitó en junio ante el TC que la demanda presentada por el Congreso sea declarada improcedente. El argumento del procurador se basa en que la decisión sobre los magistrados Tello y Vásquez, tomada por la Primera Sala Constitucional, se ajusta a las atribuciones de dicha instancia.

Ahora bien, un informe de El Comercio ha precisado que la fijación de la fecha para el próximo 10 de julio ha sido una decisión exclusiva del presidente del TC, Francisco Morales Saravia. Según fuentes consultadas por ese medio de comunicación, la programación de la fecha fue adoptada únicamente por la presidencia del TC, bajo la dirección de Morales.

Las intenciones del Tribunal Constitucional en favor de la demanda presentada por el Congreso ya pueden advertirse. Tan es así, que el último martes, tras conocerse la decisión final de la Primera Sala Constitucional del Poder Judicial, el magistrado del TC Gustavo Gutiérrez Ticse mostró su posición sobre el hecho, calificando la decisión de dicha sala del Poder Judicial de reponer a Tello y a Vásquez en la JNJ como una medida “inoportuna”.

“Me parece inoportuno —es lo único que podría decir— que la Sala Constitucional haya continuado un trámite cuando de por medio se suspendió una medida cautelar y la sala conoce que hay un proceso competencial en trámite”, dijo. Además, sostuvo que el veredicto del TC será la última palabra en este caso. “Va a marcar una pauta de manera final”, aseguró ante los medios de comunicación.

Ante los ojos de especialistas, esta manera de concebir la decisión final del Poder Judicial respecto a una demanda de amparo presentada por todos los integrantes de la JNJ a finales del 2023 ante la arremetida del Congreso que buscaba retirar a todos sus miembros de los cargos, constituiría como un claro adelanto de opinión por parte de Gutiérrez Ticse.

El conflicto de intereses no queda ahí, como se sabe, el Congreso, que ahora recurre al TC, es el organismo encargado de la eleccion de los integrantes que ahora decidirán sobre esta demanda competencial. Como si no fuera poco, los antecedentes respecto a las decisiones del TC en favor del Legislativo vienen desde inicios de su designación.

Ello, debido a que en el 2022, el TC emitió un fallo que establecía la predominancia del Congreso frente al Poder Judicial en casos en los que no se afecten derechos fundamentales. Ahora, en esta demanda, el Congreso busca que, incluso estos, se vean subyugados a los intereses del Parlamento.