El Tercer Juzgado Civil de Puno emitió una sentencia trascendental en favor de la comunidad aimara de Jatucachi, reconociendo su derecho a la consulta previa. Este fallo fue realizado el 28 de junio y está dirigido contra el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú (INGEMMET), por violar derechos fundamentales de la comunidad.
Según información del Ideele, la resolución judicial anula concesiones mineras otorgadas a las empresas Cultinor S. A. C., Minera del Norte S. A. y Aruntani S. A. C., y declara la caducidad de otras diez concesiones adicionales. Asimismo, el fallo ordena a Minem e INGEMMET abstenerse de realizar futuras concesiones sin la consulta previa a la comunidad afectada.
Este veredicto marca un hito para la comunidad de Jatucachi, que ha llevado una lucha de casi una década para proteger sus derechos. La Ley 29785 de consulta previa, aprobada en 2011, exige la consulta en cualquier acto administrativo que pueda afectar colectivamente a los pueblos indígenas.
Alicia Ponce, presidenta de la comunidad campesina de Jatucachi, expresó su desaprobación hacia las empresas mineras que han operado y explotado recursos naturales sin consulta en su territorio, cuya constitución oficial tuvo lugar el 31 de diciembre de 1986. “Somos una comunidad indígena originaria aimara inscrita en el Ministerio de Cultura”, afirmó Ponce, enfatizando la antigüedad y legitimidad de su pueblo.
Para Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), esta sentencia es crucial para los procesos de consulta previa, pues hasta ahora las instituciones involucradas han evitado realizar estos procedimientos.
La demanda, presentada en septiembre de 2015 con el apoyo del IDL y Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), exigía la nulidad de trece concesiones mineras y la suspensión de las actividades de exploración de otra concesión perteneciente a Aruntani. En 2017, el Tercer Juzgado Civil de Puno falló a favor de la comunidad, pero el proceso se extendió debido a la incorporación de las empresas mineras en el litigio.
Comunidad de Jatucachi exige ratificación de la sentencia
El vicepresidente de la comunidad, Juan Umiri, también ha mostrado su desacuerdo con las concesiones mineras dadas en su territorio. “Nosotros rechazamos las concesiones mineras porque vivimos de la crianza de la ganadería. La actividad minera puede generar contaminación y división social”, expresó.
Valeriana Mamami, fiscal de la comunidad, demanda justicia y respeto por sus derechos. “Las empresas mineras abusan de nosotros. Sin realizar consulta, ingresan a nuestros territorios como si fueran su domicilio. Si el derecho a la consulta se aplicara, nosotros estaríamos informados. Rechazamos la actividad minera porque vivimos de la crianza de ovinos y camélidos”, añadió Mamami.
En 2015, la comunidad presentó una demanda de amparo debido a los repetidos incidentes de contaminación antiguos, protagonizados por la empresa minera Aruntani. “Tenemos un antecedente de la empresa Aruntani que nos ha dejado mucha contaminación y mortandad de animales. Ya no queremos que las empresas ingresen a nuestros territorios sin consulta. Nos sentimos atropellados”, reafirmó Alicia Ponce, presidenta de la comunidad campesina de Jatucachi.
El reclamo de la comunidad aimara ha encontrado eco en las acciones legales emprendidas y la esperanza de que la segunda sala de justicia ratifique su sentencia para poner un freno a estas actividades no consensuadas. “Esperamos que la segunda sala emita y ratifique la sentencia”, señaló la comunidad, en un firme llamado a las autoridades judiciales para que actúen conforme a los principios de justicia y respeto a los derechos comunitarios.
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