Sada Goray seguirá en la cárcel: Poder Judicial rechaza su pedido para salir de prisión preventiva

El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional decidió negar la solicitud de la empresaria Sada Goray para revocar la orden de prisión preventiva de 30 meses que le fue dictada en el marco del caso ‘Fondo MiVivienda’, durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Goray, quien buscaba cambiar la medida restrictiva de prisión preventiva que pesa sobre ella por una comparecencia, adujo que existían más hechos que podrían cambiar su situación, ello, mediante la presentación de la opinión de un experto; no obstante, los argumentos no fueron suficientes.

Como consecuencia, la empresaria permanecerá en el establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres en Chorrillos, Lima, mientras siguen las investigaciones por presunta colusión agravada y hasta que se cumplan los 30 meses de prisión preventiva que pesan sobre ella. La decisión fue tomada por el juez Raúl Wensislao Justiniano Romero el pasado 1 de julio.

El pedido de cese de prisión preventiva realizado por Sada Goray surge de varios factores cruciales, entre ellos, la desaparición de una declaración que la empresaria ofreció en Miami en enero de 2023 a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Según el semanario Hildebrandt en sus Trece, dicha declaración fue reportada como perdida. La defensa de Goray argumentó que esta declaración es fundamental para su caso, ya que buscaban acreditar a Goray como colaboradora eficaz.

En declaraciones complementarias, Goray admitió haber pagado aproximadamente S/4 millones a Marrufo para que se aprobaran sus proyectos. Esta admisión, no obstante, se enmarca en un contexto más amplio de disputas judiciales y falta de transparencia en el proceso de investigación.

Es ahí en donde entran las denuncias de la defensa de la empresaria, que en la actualidad piden que se revelen las declaraciones brindadas a Benavides en la reunión de febrero de 2023 en las oficinas del Consulado de Perú en Miami. Esta reunión y otros eventos alrededor del caso han sido piezas clave en la investigación. En su defensa, Goray argumentó que fue utilizada por la exmagistrada Benavides, además de solicitar la entrega de la declaración dada en Miami como parte de su estrategia legal.

Pese a —según lo detallado por el abogado de la empresaria— los múltiples intentos de acreditación ante Patricia Benavides, estos no habrían sido consignados por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, (EFICCOP) encargado del caso contra Goray. Su defensa aduce que Benavides podría haber intentado usar la información para negociaciones políticas con diversos congresistas.

Se solicitó al Ministerio Público acceso a las diligencias de declaración que Goray brindó en calidad de testigo. Sin embargo, la respuesta que obtuvo la defensa indicó que dicha información no estaba disponible. De hecho, un informe interno del Ministerio Público, citado por el semanario de investigación, reveló que los equipos utilizados durante la intervención de la declaración en Miami habían sido sustraídos.

Como se sabe, Sada Goray enfrenta cargos por los presuntos delitos de colusión agravada en el marco del caso de corrupción dentro del Fondo MiVivienda. La fiscalía investiga la supuesta entrega de S/ 5.4 millones a Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, a cambio de decisiones favorables para sus actividades empresariales. Según informó El Comercio, estos pagos se habrían realizado a través del periodista Mauricio Fernandini.

Fernandini, quien fue liberado del penal Miguel Castro Castro el 29 de mayo tras una decisión favorable de la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, afirmó ante la fiscalía que participó en las coordinaciones entre Goray y Marrufo, a solicitud de su prima Julieta del Pilar Celinda Tijero Martino.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la defensa de Goray toma acciones para sacarla de la cárcel. El Poder Judicial ya había rechazado en marzo una solicitud de Goray para apartar del caso a los magistrados de la Quinta Sala de Apelaciones Nacional, a quienes acusaba de falta de objetividad.