Harvey Colchado no podrá declarar públicamente. Miguel Pérez Arroyo, abogado del suspendido jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), reveló que la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) denegó la solicitud de su defendido para referirse a los cuestionamientos en su contra.
“Fuimos notificados por la resolución en sentido desfavorable. No le han autorizado la posibilidad de que el coronel pueda expresarse respecto de las imputaciones públicas... Los argumentos que han brindado es que las declaraciones del coronel podrían mellar la imagen institucional [de la policía]. Desde el punto de vista legal, no compartimos ese criterio”, refirió en diálogo con RPP.
Agregó que su defendido se encuentra “frustrado, pero con los ánimos en alto” y que evalúan tomar acciones para dar una respuesta legal.
Mininter vs. Colchado
La respuesta a la solicitud de Colchado se da después de más de 15 días y luego de que le contestara el titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, quien le envió una carta notarial.
En el documento al que accedió Epicentro, el suspendido jefe de la Diviac refirió que, en atención a la acusación de una presunta conducta difamatoria y el plazo de 24 horas para demostrar los hechos afirmados, se le estaría incitando a dar respuesta y, con ello, autorización.
“Teniendo en cuenta dicha autorización que usted realiza con su carta, en el sentido de la respuesta que me solicita, y a los efectos concernientes a la misma, procederé, con su autorización ya dejada constancia en su carta notarial de referencia, a responderle públicamente en los medios que sean pertinentes”, mencionó Colchado.
¿Qué dice la carta notarial enviada por Juan José Santiváñez?
En la carta remitida por Santiváñez, se solicita la rectificación “de las versiones vertidas por su persona en mi contra que constituyen flagrante comisión del delito de difamación”. El titular del Mininter sostuvo que Colchado cometió este delito basándose en reportes periodísticos que indicaban que el comandante solicitó permiso para declarar a la prensa sobre hechos falsos atribuidos por el ministro durante su gestión.
Santiváñez le dio un plazo de 24 horas para que Colchado demuestre “cuáles serían esos hechos y el medio de comunicación que habría utilizado para su divulgación” y se rectifique, pese a que no cuenta con autorización para ello.
“Esta conducta difamatoria de su parte contra mi persona me causa un grave daño moral y sobre todo impacta negativamente en mi honor y buena reputación; puesto que si bien es cierto en la actualidad ostento el cargo de ministro del Interior, eso no significa que mis derechos fundamentales como el honor y buena reputación son relegados o se me han despojado, por el contrario, son tutelados con la máxima intensidad por el ordenamiento jurídico peruano”, se lee en la misiva.
Sumado a ello, advirtió que iniciaría una querella en su contra si no se cumple con esta solicitud. El delito de difamación, regulado por el artículo 132 del Código Penal, describe una pena privativa de libertad de uno a tres años y multas de entre 120 y 365 días.