El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, califico de “inoportuno” el fallo del Poder Judicial que dispuso reponer a los abogados Inés Tello y Aldo Vásquez en sus cargos de miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
“Lo que me parece inoportuno (...) es que el Poder Judicial, la Sala Constitucional, haya continuado un trámite cuando de por medio se ha suspendido una medida cautelar, que está pendiente de pronunciamiento en la Corte Suprema. La Sala sabe perfectamente que hay un pronunciamiento en trámite y el proceso competencial, por ser un control superior y abstracto, va a marcar una pauta y va a resolver esta controversia de manera final”, declaró Gutiérrez Ticse en entrevista con RPP.
El integrante del TC también calificó como “un sistema un tanto perverso” que con dos votos conformes una Sala pueda emitir una sentencia cuando tiempo atrás se requerían tres votos conformes. Sin embargo, dicha posibilidad fue introducida a través de la Ley 31591, norma aprobada por este Congreso.
“No puedo calificar el fallo, pero puedo decir que es inoportuno porque creo que los vocales son bastante conscientes que de por medio hay el trámite de un proceso competencial. (...) Sabiendo que en el TC está en trámite un proceso competencial, tomando en cuenta que el TC ha dispuesto que la Corte Suprema se pronuncie. Sin embargo, la sala ha continuado y ha emitido sentencia que podría ser inocua”, reiteró.
El Tribunal Constitucional evaluará en audiencia el miércoles 10 de julio la demanda competencial del Congreso contra el Poder Judicial por el caso de Aldo Vásquez e Inés Tello.
El caso
La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda de amparo presentada por los juristas Inés Tello y Aldo Vásquez, ordenando su inmediata reposición como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta sentencia, hecha pública el lunes, llega cuatro meses después de que el Congreso los inhabilitara por diez años.
La Sala ha declarado inaplicables las resoluciones que declaraban su inhabilitación y ha dejado sin efecto el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que acusaba a los magistrados de una presunta infracción constitucional. Asimismo, ordenó al Parlamento abstenerse de aplicar medidas similares a otros miembros de la JNJ, bajo apercibimiento de denuncia penal contra los diputados que insistan en tales acciones.
Vásquez y Tello fueron sancionados con los votos de dos integrantes de la Comisión Permanente del Parlamento, aunque dichos miembros estaban impedidos constitucionalmente de votar. Para aprobar las propuestas de inhabilitación, el pleno necesitaba 67 votos, ya que los 30 integrantes titulares de la Comisión Permanente no podían emitir su voto.
Inés Tello, tras la inhabilitación, envió un oficio al presidente del Congreso, Alejandro Soto, solicitando que se declare inexistente la resolución que aprobó su inhabilitación, argumentando que los votos de algunos miembros de la Comisión Permanente, específicamente José Luna y José Jerí, no debieron contarse.
La resolucón de la sala constitucional, que exige la reposición inmediata de Vásquez y Tello, fue respaldada por el juez superior Andrés Tapia Gonzales y el juez superior Oswaldo Ordoñez Alcántara, aunque contó con la disidencia del juez superior Luciano Cueva Chauca.
En 2023, Cueva Chauca fue señalado por haberse reunido en secreto con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Vásquez aseguró que el encuentro tenía fines institucionales debido a sus responsabilidades en la Asociación de Magistrados, que preside.
La resolución judicial también demandó al Congreso “respetar las atribuciones de la JNJ y cesar de inmediato la agresión a los derechos fundamentales de los demandantes inhabilitados”. Esta acción judicial marca un precedente importante en el ámbito legal y político del país.
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