El congresista Alejandro Muñante, vocero de Renovación Popular, consideró este miércoles que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) incurrió en un “error” al dictar medidas provisionales para los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, la masacres por las que fue condenado el exdictador Alberto Fujimori.
En una rueda de prensa, el legislador criticó que el tribunal requiriera al Estado peruano, “a través de sus tres poderes”, tomar acciones para que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad.
Muñante señaló que no es competencia del Ejecutivo, el Congreso ni el Poder Judicial anular una ley, sino del Tribunal Constitucional (TC), el cual, según él, es un órgano autónomo y “no forma parte” de los poderes del Estado. “Creo que la Corte IDH se ha extralimitado en su afán de apresurarse por tomar una decisión al respecto. Cualquier abogado sabe que no corresponde a estas entidades dejar sin efecto una ley”, afirmó.
En junio pasado, el Congreso aprobó en primera votación un proyecto de ley que impide procesar a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos ocurridos en el país antes de 2002, lo que excluye el periodo del conflicto interno en el que fallecieron 69.000 personas. Sin embargo, según Muñante, el proyecto no implica la eliminación de estos delitos.
“Justamente en razón al principio de legalidad, que es además un derecho humano a la garantía del debido proceso, no se puede juzgar a una persona por un hecho que al momento de cometerlo no era delito”, explicó. El congresista insistió en que su bancada seguirá adelante con la iniciativa porque, a su juicio, no hay una orden expresa que indique lo contrario. “Nosotros vamos a continuar porque entendemos que no hay una orden expresa para eso”, finalizó.
Reacciones
La jurista Julissa Mantilla, la primera peruana en presidir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), refutó con firmeza las afirmaciones del legislador. “Si alguien ha cometido un error, no es la Corte. Se le ordena al Estado, que incluye al Congreso, TC, etcétera”, señaló en un pronunciamiento en X (antes Twitter).
La experta explicó que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es una norma de carácter imperativo a nivel internacional, de modo que prevalece sobre cualquier ley interna. “Un curso de Derecho Internacional básico ayudaría mucho”, sentenció al sugerir que Muñante debería estar mejor informado sobre estos principios fundamentales.
El constitucionalista Heber Joel Campos, por su parte, destacó que la orden de la Corte no es para el gobierno, sino para el Estado peruano. “Y esta consiste en que no se permita que esta norma surta efectos porque vulnera derechos humanos. Para eso, cada uno de los poderes públicos puede hacer algo. Por ejemplo, el Congreso no aprobar esta norma”, apuntó.
El tribunal ya había requerido al Perú semanas atrás suspender el trámite del proyecto para contar con “todos los elementos necesarios” para pronunciarse sobre su impacto en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, y respecto a una solicitud de medidas provisionales, dictadas en casos de extrema gravedad y urgencia.
Tras ese pronunciamiento, el Congreso rechazó “cualquier forma de intromisión nacional o extranjera”. La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y otras cinco entidades civiles presentaron una solicitud de medidas cautelares, pidiendo al tribunal que exija al Estado interrumpir el trámite de esta iniciativa que, según Naciones Unidas, contraviene el derecho internacional.
Para que el legislativo apruebe la ley, es necesaria una segunda votación del pleno. Expertos de la ONU han advertido que, de aprobarse este proyecto, Perú contravendría sus obligaciones internacionales, ya que las leyes de prescripción no se aplican a violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
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