Tribunal Constitucional acepta segunda demanda contra la “Ley Antiforestal” que promovería la deforestación en la Amazonía

Este es el segundo pedido de inconstitucionalidad contra la ley aprobada en enero de este año por el Congreso de la República. Mientras tanto, el Gobierno se alista para implementar la norma en los próximos días

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Deforestación en la Amazonía peruana
Deforestación en la Amazonía peruana genera construcción de trocha carrozable. Foto: Mongabay Latam

Mientras el Gobierno se prepara para implementar la polémica “Ley Antiforestal”, este martes el Tribunal Constitucional aceptó una nueva demanda de inconstitucionalidad contra la norma que facilitaría la deforestación, los delitos ambientales y la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía.

La decisión fue tomada por seis magistrados y se notificará al Congreso de la República para que emita su descargo en un plazo de 30 días, ya que este la aprobó en enero tras un breve debate de 10 minutos y sin consultar a los pueblos originarios.

Este es el segundo pedido de inconstitucionalidad presentado por el Colegio de Sociólogos de Lima y Callao que busca revocar la norma; la primera fue interpuesta por el Gobierno Regional de San Martín, el departamento con mayor deforestación por agricultura a gran escala.

Fueron 6 magistrados los que
Fueron 6 magistrados los que votaron a favor de este pedido. Foto: Mongabay/César Ipenza/Composición Infobae

¿Por qué aseguran que la ley tiene un impacto negativo?

De acuerdo al abogado en derecho ambiental, César Ipenza, la controversia respecto a la modificación de la Ley Forestal radica en los cambios que ahora permiten a las empresas o usuarios no estar obligados a cumplir con la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM).

Esto quiere decir que se autoriza legalizar tanto terrenos previamente deforestados como actividades agrarias sin el sustento técnico necesario, lo que transforma el patrimonio nacional en propiedad privada.

Bajo esta línea, se han emitido diversos pronunciamientos, como el de la Unión Europea, indicando que la legislación peruana no cumple con sus nuevas normativas ambientales, las cuales prohíben la importación de productos agrícolas provenientes de tierras deforestadas.

Y, por otro lado, la del relator especial de Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Francisco Calí Tzay, quien ha advertido que la norma podría incentivar el despojo en tierras indígenas, así como aumentar la violencia contra los defensores ambientales, postura con la que coincide el Colegio de Sociólogos del Perú, agregando que la modificación aprobada viola el derecho de las personas a un ambiente adecuado.

Deforestación afecta en gran medida
Deforestación afecta en gran medida a los departamentos amazónicos del Perú, afectando la fertilidad de las tierras. Fotos: Mongabay Latam

Ley incrementa vulnerabilidad de pueblos indígenas

En ese marco, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a más de 2.400 comunidades indígenas, ha expresado de manera reiterada su preocupación por el impacto negativo que la ley tendrá en los pueblos originarios, especialmente en aquellos en situación de aislamiento y contacto inicial, considerados los más vulnerables del planeta por depender solo de los recursos que hay en sus territorios.

Sobre ello, Jorge Pérez Rubio, presidente de Aidesep, comenta: “Tanto la ‘Ley Antiforestal’ como la Ley anti-PIACI tienen la misma matriz, que es abrir las puertas de la Amazonía para llevar adelante actividades como la actividad forestal, la actividad maderera, la actividad petrolera, entre otros, y que podría dar pie también al incremento de la minería ilegal, que viene aumentando bastante en el país en la Amazonía”, declaró.

Mientras que Juan Carlos Ruiz, abogado y coordinador del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), ha compartido una perspectiva similar, ratificando que la ley representa un riesgo para el control adecuado de las actividades extractivas en la región amazónica.

“Lo que hace esta norma es desregular el sector ambiental, el sector forestal, y ese espacio lo ocupa la minería ilegal, madereros, traficantes de tierra, cocaleros, narcotráfico, empresas de palma aceitera. Estos grupos están desplegando economías ilegales que están destruyendo tejido social. Esta norma lo que hace es desregular, alimenta ese repliegue [del Estado], le quita brazos al Ministerio del Ambiente”, dijo.
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