El empresario Mark Vito, exesposo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, rechazó este lunes las acusaciones de organización criminal y lavado de activos por las cuales el Ministerio Público ha solicitado en su contra 22 años de prisión y la disolución de su firma, MVV Bienes Raíces.
A la salida de la audiencia en la que el Tercer Juzgado Penal Colegiado instaló el juicio oral que lo implica junto a la excandidata presidencial, Vito cargó contra la Fiscalía y defendió la legitimidad de sus ingresos mensuales, pese a que, según la investigación, habría recibido millonarios montos bajo la fachada de ventas de terrenos, dinero que supuestamente fue destinado a la campaña de 2016.
“En este juicio, ¿qué van a probar en mi caso? Que he trabajado toda mi vida. Cada centavo que he ganado me corresponde. He sido uno de los primeros agentes inmobiliarios en el país; es más, he sido reconocido por la Sunat como buen contribuyente [...] Lamentablemente, la Fiscalía me ha quitado mis derechos porque hasta ahora no me permite laborar ni conversar con mis clientes”, declaró en un español entrecortado al término de la cita judicial.
“Pruebas no me faltan. He presentado más de cien mil páginas de pruebas: contabilidad, contratos, correos, registros de visitas, tres pericias, dos fiscalizaciones de Sunat, entre otros. Hay mil testigos y yo mismo he ido a la Fiscalía más de 100 veces. Soy uno de los agentes inmobiliarios en el país con mayor sustento. En conclusión, la Fiscalía ha engañado a la población y ha malgastado millones de soles de presupuesto público, persiguiéndome por las hue**s”, continuó.
El empresario, quien dijo percibir actualmente 14 mil soles mensuales por su labor como influencer, se consideró “una víctima colateral de esta lamentable y asquerosa pelea” política. “Yo no soy político, no seré político. Las preguntas políticas [se las dejo] a los políticos. Por favor, no politicen mi juicio”, afirmó a los periodistas.
Sobre sus ingresos por redes sociales, señaló que “es de conocimiento público” que cobra tres mil soles más IGV (Impuesto General a las Ventas) por cada publicidad. “Los invito a seguirme en mis redes en Instagram y TikTok”, concluyó entre risas. Mientras declaraba a la prensa, las cámaras de Canal N captaban a lo lejos a la lideresa naranja hablando por teléfono. Solo declaró a la prensa cuando Vito se retiró, sin cruzar miradas.
Según un informe publicado por La República en 2021, el empresario Enrique Gubbins Bovet, de la compañía Sudamericana de Fibras, declaró ante el fiscal José Domingo Pérez que el exesposo de Fujimori habría recibido aportes no declarados mediante la simulación de venta de terrenos.
De acuerdo con esa información, Juan Rassmuss Echecopar y su sobrino, Enrique Gubbins Bovet, realizaron tres aportes clandestinos por un total de US$ 7.630,000. Tras la muerte de Rassmuss, Gubbins mantuvo la entrega de dinero destinado a la política, el cual fue recogido de las oficinas de Sudamericana de Fibras en el Callao.
“Los montos variaban entre US$ 50.000 y US$ 200.000 en efectivo. En algunas ocasiones fui yo (quien entregaba el dinero), en otras Renate Sokolowski (de Fernández), y en otras ocasiones personas como Leandro Mariátegui (Cáceres), todas son personas de la entera confianza del señor Rassmuss y está en los documentos que entrego”, dijo Gubbins en un testimonio divulgado por el diario.
Inicio de juicio
El Poder Judicial inició este lunes el juicio oral contra la excandidata presidencial y otros 40 acusados por lavado de activos vinculados a aportes ilegales recibidos en sus campañas electorales de 2011 y 2016. Los magistrados Juana Caballero, Nayko Coronado y Max Vengoa registraron a los acusados y abogados, tanto presentes como conectados virtualmente, en una audiencia transmitida por las plataformas del Poder Judicial.
Keiko Fujimori fue la primera en registrarse, seguida por los exdirigentes Pier Figari, Ana Hertz y Jaime Yoshiyama, su exesposo y otros presuntos aportantes. Algunos acusados participaron de manera virtual debido a enfermedad o residencia en el extranjero.
El fiscal Domingo Pérez, quien llegó a la sala con un chaleco antibalas, solicitó la declaración de contumacia para cuatro acusados ausentes y un examen médico-legal para tres que pidieron asistencia virtual por motivos de salud.
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