Tres de los 46 acusados por el delito de lavado de activos en el ‘caso Cócteles’, cuya instalación de juicio se desarrolla este lunes, fueron declarados reos contumaces debido a su incomparecencia en la audiencia, lo cual motivó la emisión de órdenes de ubicación y captura a nivel nacional e internacional.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, encargado de este proceso judicial que implica a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y a la cúpula del partido naranja, dispuso esta medida para el exjefe del Área de Verificación y Control de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Luis Barboza Dávila; el financista Juan Luna Frisancho; y el dirigente fujimorista Ítalo Pachas Quiñones.
Sin embargo, tras analizar los recursos de reposición presentados por la defensa de los citados, quitó la orden de captura para Barboza Dávila y le otorgó un plazo de 48 horas para acreditar su situación de salud, aunque su condición de reo contumaz se mantiene. El juzgado dejó sin efecto la orden contra Leissa Keiko Sasaki, acusada de falsas aportaciones a la campaña de Fujimori, tras su conexión remota desde Estados Unidos.
De igual modo, dispuso que el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público realice una evaluación médica al extesorero de Fuerza Popular, Luis Alberto Mejía Lecca; al abogado Vicente Silva Checa; y al empresario y expremier Efraín Goldenberg Schereiber antes de decidir si se instala el juicio contra ellos.
Acusaciones
El Ministerio Público ha señalado a Luis Barboza Dávila, exfuncionario de la ONPE, como colaborador de la presunta organización criminal liderada por Keiko Fujimori dentro de Fuerza Popular. Barboza, encargado de la Verificación y Control de Fondos Partidarios, emitió informes técnicos que favorecieron el lavado de activos de millonarios aportes ilícitos de la constructora Odebrecht, según la tesis fiscal.
La investigación menciona que “tomó una actitud complaciente” frente a los argumentos presentados por el partido naranja respecto a las irregularidades en la campaña presidencial de 2011.
El financista Juan Carlos Luna Frisancho, en tanto, es señalado por el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, como receptor de dinero ilícito de Odebrecht a través de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino del exjefe de campaña Jaime Yoshiyama y testigo del Equipo Especial Lava Jato.
Luna Frisancho donó esos fondos “de origen ilícito” (S/ 144,535.32) a la campaña de Fujimori tanto como persona natural como jurídica y, según la hipótesis fiscal, se le ordenó crear una organización para blanquear el dinero ilegal de la firma brasileña.
Por su parte, Ítalo Pachas Quiñonez, dirigente fujimorista en Nueva Cajamarca (San Martín), es sindicado como uno de los coordinadores de los aportes falsos a la campaña electoral de la lideresa naranja en 2011.
Caso Cócteles
El caso ‘Cócteles’, con 46 implicados, involucra a Keiko Fujimori y se centra en la financiación ilícita de su campaña presidencial de 2011. La investigación se inició por sospechas de que Fujimori y su partido, Fuerza Popular, habrían recibido aportes ilegales. La Fiscalía sostiene que se utilizaron eventos sociales llamados “cócteles” para camuflar donaciones provenientes de la constructora brasileña Odebrecht.
En marzo de 2021, tras más de dos años de investigación, el Ministerio Público presentó cargos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración. La acusación incluye a Fuerza Popular y a la empresa MVV Bienes Raíces SAC como imputados para que, en caso de lograr una sentencia condenatoria, se pida su disolución y liquidación.
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