El Poder Judicial ordenó el último domingo el embargo de ocho bienes muebles e inmuebles del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien está bajo investigación por un presunto caso de corrupción que data de 2014, durante su segundo mandato.
Jorge Chávez Tamariz, juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, acogió la solicitud de la Procuraduría Pública Ad Hoc y dispuso, en una primera resolución, el embargo en forma de inscripción y orden de inhibición sobre un departamento y un estacionamiento ubicados en el distrito de San Borja y valorizados en 1.1 millones de soles.
En otra resolución, el magistrado ordenó el embargo de un terreno en Cañete, un vehículo marca Subaru y cuatro bienes inmuebles adicionales bajo régimen de sociedad de gananciales. El valor total de estas últimas propiedades sujetas a incautación asciende a 3.5 millones de soles.
El magistrado dispuso que se cursen los partes correspondientes a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), al Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral IX de Lima y a la Oficina Registral de Lima y la Oficina Registral de Cañete, a fin de que se proceda a las anotaciones en la partida registral.
Además, determinó que la medida cautelar, emitida el último 23 de junio, es “idónea, necesaria y proporcional”, al considerarla un mecanismo eficaz para asegurar el pago de una eventual reparación civil por parte de Oscorima, quien desde octubre de 2022 se encuentra bajo comparecencia con restricciones por este caso.
Según la hipótesis fiscal, el gobernador habría concertado con funcionarios de la empresa Obrainsa para favorecerla en la licitación del proyecto Carretera Abra Toccto – Vilcashuamán, tramo Condorcocha – Vilcashuamán, entre junio y julio de 2014, a cambio de un soborno.
Un colaborador eficaz confesó al Ministerio Público en 2020 la entrega de esta millonaria coima, según informó Canal N en abril pasado. La declaración recogida por Fiscalía señala que Oscorima se contactó con Alejandro Tello, gerente general de la empresa ALTESA Contratistas Generales S.A., para acordar su participación en el procedimiento a cambio de un soborno del “3% del costo directo”.
Según ese mismo documento, el empresario advirtió que no cumplía con los requisitos establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, de modo que contactó al gerente general de la empresa Obrainsa, Manuel Tejeda, para que participara.
Tejeda quedó al tanto de la propuesta del 3% de coima para Oscorima y la condición de subcontratar con ALTESA el 50% de la obra. El plan llegó a término de esa manera, de acuerdo información citada por la televisora. Ante la presión del gobernador, Tello realizó una solicitud de fondos a Obrainsa por 856,568.30 soles, que finalmente se concretó en enero de 2015 mediante un cheque del Banco BBVA Continental, girado a nombre de Manuel Mina, un trabajador de la constructora.
El colaborador contó a los fiscales que el gerente de Obrainsa colocó el dinero en un maletín y procedió a entregar personalmente la suma a Oscorima. La escena, descrita con detalle, tuvo lugar en la sala del departamento del gobernador, la cual estaba “decorada con un retablo ayacuchano”, según el colaborador eficaz.
“Ese fue el único pago que Obrainsa realizó a Oscorima, debido a que como consecuencia de sus problemas judiciales dejo el Gobierno Regional de Ayacucho”, dijo al Ministerio Público. Oscorima, un empresario dedicado a los juegos del azar, llegó al poder en 2010 con Alianza para el Progreso. Su primera gestión estuvo marcada por controversias legales y acusaciones de corrupción, que lo llevaron a la detención y encarcelamiento.
Aunque temporalmente fuera del poder, logró un regreso político al ser reelecto en 2014 por Alianza Renace Ayacucho. En 2022, obtuvo una tercera victoria y se mantiene en el cargo. Actualmente involucrado en el llamado ‘Rolexgate’, una investigación por la cual la presidenta Dina Boluarte ha sido denunciada ante el Congreso.
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