Juicio a Keiko Fujimori y Fuerza Popular inicia este lunes 1 de julio: Esta es la estrategia de sus abogados

La defensa del partido de Fuerza Popular, sindicado como organización criminal con su lideresa, Keiko Fujimori, como investigada a la cabeza; ya habría trazado una clara línea de acción que ha sido revelada a poco de su inicio el próximo 1 de julio a las 9:00 a.m. El semanario Hildebrandt en sus Trece ya ha conseguido una serie de fuentes cercanas (muchos de ellos miembros) al equipo legal del partido fujimorista investigado por la Fiscalía de la Nación y alertó de la existencia de una estrategia que se sirve no solo de leyes aprobadas en el Congreso, sino también de recursos sin atender. ¿El objetivo? Retrasar el inicio del juicio lo más que se pueda.

Como consecuencia de ello, el colegiado ha convocado a las partes procesales del caso, el primero, comandado por la abogada Giulliana Loza, representante legal de Keiko Fujimori y Mark Vito; y Christian Salas, como abogado del partido fujimorista —desde el lado de los imputados— ; y el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, de mano del Ministerio Público. El tribunal, presidido por la magistrada Juana Caballero García, recientemente ubicada en la sala, deberá enfrentar una serie de movidas tácticas que ya están acordadas desde el fujimorismo.

La primera de estas movidas, es la invocación de leyes aprobadas por este Congreso con mayoría fujimorista en contubernio con Perú Libre y que benefician a los partidos políticos. Esta sería la Ley 32054, publicada el 10 de junio pasado en “El Peruano”. Esta norma prohíbe que los partidos políticos sean juzgados como organizaciones criminales. La norma fue aprobada sin demasiada oposición en el pleno, porque “todos los partidos que votaron a favor tienen cuitas pendientes con la justicia”, según el semanario.

La segunda de las normas ya aprobadas por el Congreso a las que los abogados de Fuerza Popular buscan asirse, y que encajan de manera idónea con la defensa legal de Keiko Fujimori, es la “Ley Soto”, que acorta los plazos para la prescripción de varios delitos. Según los abogados del fujimorismo, esta ley podría aplicarse a los delitos de obstrucción a la justicia y falsa declaración, de los cuales se acusa a la jefa de Fuerza Popular. Ambos delitos conllevan penas de 4 a 5 años de prisión, y al haberse presuntamente cometido antes de 2015, la defensa argumentaría que ya habrían prescrito.

Como bonus, el equipo legal, comandado por la abogada Loza, cuenta con un proyecto de ley pendiente que la defensa podría utilizar. Este proyecto debilita la Ley de Organización Criminal incrementando los requisitos para ser juzgado por este delito. La propuesta ya fue aprobada en una primera votación en el pleno y podría ser ratificada en cualquier momento en la Comisión Permanente del Congreso. Esta norma quedaría pendiente de aprobación, dependiendo de cómo evolucione el caso contra Fujimori, Vito y la cúpula de Fuerza Popular.

La segunda línea de defensa se centra en los múltiples pedidos de nulidad y tutelas de derechos presentados durante la etapa de control de acusación. Como se sabe, cuando el juez Víctor Zúñiga Urday emitió el auto de enjuiciamiento contra Keiko Fujimori en diciembre pasado, quedaron pendientes al menos 46 solicitudes de tutela de derechos por parte de los acusados. De acuerdo con información recogida por el semanario, Zúñiga decidió que los magistrados que juzgarán son los que deben resolver el asunto.

“La Sala debe tomar una decisión, no pueden hacer lo mismo que el juez Zúñiga, que se hizo el desentendido”, comenta otro abogado del equipo legal del fujimorismo. Estas táctica persiguen el objetivo de ganar tiempo y crear un ambiente más favorable para la defensa. El enfoque, que no buscaría más que obstaculizar el avance del juicio, habría sido planteado por la abogada Giulliana Losa, quien, según lo detallado por el informe, juega un rol central en la estrategia legal.

Fuentes de dicho equipo de defensa, señalan que Loza actúa como la directora de orquesta, coordinando y alineando las acciones del nutrido grupo de abogados que defienden a los 39 acusados, a fin de estructurar una defensa coherente y unificada.