Harvey Colchado toma carta notarial enviada por ministro Juan José Santiváñez como permiso para declarar públicamente

Revés en el Ministerio del Interior. Pese a que no tenía respuesta a su solicitud para declarar ante medios de comunicación, presentada el pasado 14 de junio, el coronel Harvey Colchado tomó la carta notarial en su contra, enviada por el ministro Juan José Santiváñez, como luz verde.

En el documento al que accedió Epicentro, el suspendido jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) refiere que, en atención a la acusación de una presunta conducta difamatoria y el plazo de 24 horas para demostrar los hechos afirmados, se le estaría incitando a dar respuesta y, con ello, autorización.

Si bien lo invoca a coordinar con los mandos policiales correspondientes la debida autorización expresa a los electos que pueda responderle públicamente, “como es que usted mismo lo está solicitando, considerando claro está su pedido de exceptio verilatis, que como consta, Ud. lo ha invocado y ha autorizado”.

“Teniendo en cuenta dicha autorización que usted realiza con su carta, en el sentido de la respuesta que me solicita, y a los efectos concernientes a la misma, procederé, con su autorización ya dejada constancia en su carta notarial de referencia, a responderle públicamente en los medios que sean pertinentes”, mencionó Colchado.

Para ello, lo que solicita es la precisión del contenido exacto de las declaraciones que considera difamatorias, realizando una transcripción de estas. Como se recuerda, el ministro del Interior sostiene que el coronel PNP incurrió en difamación al considerar que el titular del Interior le estaría atribuyendo hechos falsos durante su gestión como jefe de la Diviac.

“Esta conducta difamatoria de su parte contra mi persona me causa un grave daño moral y sobre todo impacta negativamente en mi honor y buena reputación; puesto que si bien es cierto en la actualidad ostento el cargo de ministro del Interior, eso no significa que mis derechos fundamentales como el honor y buena reputación son relegados o se me han despojado, por el contrario, son tutelados con la máxima intensidad por el ordenamiento jurídico peruano”, se lee en la misiva remitida por Santiváñez.

“Se deberá rectificar de los hechos de objeto de difamación, caso contrario presentaré una querella en su contra por la comisión de delito de difamación y seguiré el proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal conforme lo ampara el ordenamiento jurídico peruano”, agrega la carta notarial enviada el último 26 de junio.

Cabe mencionar que el delito de difamación se encuentra tipificado en el artículo 132 del Código Penal y estipula que quien incurra en este ilícito por “medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de 120 a 365 días-multa”.

En la víspera, el titular del Interior, Juan José Santiváñez, ha visitado distintos medios de comunicación para asegurar que no existe un interés detrás por desactivar a la Diviac; luego de que esta división participara del allanamiento a la vivienda y despacho de Dina Boluarte y de la detención de su hermano, Nicanor Boluarte. Sin embargo, el semanario Hildebrandt en sus 13 publicó un documento que demostraría que, si bien no se eliminaría, se le reducirían las facultades.

Se trata de una presentación titulada “Creación, supresión y modificación de unidades de organización en el reglamento de la PNP 2024″, la cual, según fuentes del medio, fue elaborada por el alto mando de la Policía Nacional a pedido del ministro.

Entre los cambios más llamativos se propone que la Diviac pase a pertenecer a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Con ello, dejaría de combatir redes criminales de alto perfil, que involucran a funcionarios, políticos, mandatarios y excandidatos presidenciales, para enfocarse solo en robos, hurtos, secuestros y estafas, menciona el medio.