El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, envió una carta notarial al coronel PNP Harvey Colchado donde exige que el suspendido jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) se rectifique por supuestamente haberlo difamado en medios de comunicación. Ello pese a que el efectivo no ha podido brindar a la prensa.
En la carta difundida por el periodista Carlos Villareal, Santiváñez pide a Colchado que se “rectifique de las versiones vertidas por su persona en mi contra que constituyen flagrante comisión del delito de difamación”.
El ministro del Interior sostiene que el coronel PNP incurrió en el referido ilícito en base a las notas periodísticas publicadas por el Diario La República y el portal Epicentro TV donde se consigna que Colchado solicitó a su comando autorización para declarar a la prensa ya que considera que el titular del Interior le estaría atribuyendo hechos falsos durante su gestión como jefe de la Diviac.
“Esta conducta difamatoria de su parte contra mi persona me causa un grave daño moral y sobre todo impacta negativamente en mi honor y buena reputación; puesto que si bien es cierto en la actualidad ostento el cargo de ministro del Interior, eso no significa que mis derechos fundamentales como el honor y buena reputación son relegados o se me han despojado, por el contrario, son tutelados con la máxima intensidad por el ordenamiento jurídico peruano”, se lee en la misiva.
Juan José Santiváñez le da un plazo de 24 horas a Harvey Colchado para que “me demuestre cuáles serían esos hechos y el medio de comunicación que habría utilizado para su divulgación” y que se rectique. Caso contrario, advierte el ministro, iniciará una querella en su contra por supuesta difamación.
“Esta conducta difamatoria de su parte contra mi persona me causa un grave daño moral y sobre todo impacta negativamente en mi honor y buena reputación; puesto que si bien es cierto en la actualidad ostento el cargo de ministro del Interior, eso no significa que mis derechos fundamentales como el honor y buena reputación son relegados o se me han despojado, por el contrario, son tutelados con la máxima intensidad por el ordenamiento jurídico peruano”, se lee en la misiva.
El delito de difamación se encuentra tipificado en el artículo 132 del Código Penal y estipula que quien incurra en este ilícito por “medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de 120 a 365 días-multa”.
Colchado amenazado
El coronel PNP Harvey Colchado enfrenta un complejo panorama legal y de seguridad personal, según recientes reportes. Además de los procedimientos disciplinarios administrativos y una supuesta solicitud de detención por parte de la Fiscalía, su abogado, Miguel Pérez Arroyo, denunció amenazas de muerte en su contra.
El abogado de Colchado indicó que, debido a estas amenazas, el exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) se ha distanciado de su familia para protegerlos. El coronel PNP se mudó a una nueva residencia hace varios meses. Pérez Arroyo también descartó rumores sobre una solicitud de asilo político en la embajada de Estados Unidos, atribuyéndolos a ciertas agendas políticas.
“Desde hace meses, por temas personales y por motivos de seguridad, tiene un domicilio aparte y está separado de su vínculo familiar. Tiene amenazas de muerte por todos lados. (...) Cualquier persona podría verse afectada por este tipo de embates y son más desagradables cuando se realizan en cumplimiento de su deber. Pero creo que el coronel está absolutamente preparado para soportar esto y más”, declaró el abogado a La República.
El abogado sostuvo en una entrevista con Exitosa que el supuesto intento de detención en contra de su cliente es una señal de “abuso de poder”, y mencionó que alguna unidad de la Fiscalía podría estar colaborando en este esfuerzo. Según Pérez Arroyo, lo que ocurre con la Diviac es una manifestación clara y problemática de esta situación.
Harvey Colchado responderá públicamente
En respuesta a la carta notarial, el exjefe de la Diviac solicitó, en un plazo de 24 horas, que el titular del Mininter precisa el contenido de sus supuestas declaraciones difamatorias. Además, aprovechó la oportunidad para pedirle al ministro que coordine con el mando policial a fin de que le concedan la autorización expresa de responderle públicamente.
No obstante, expuso que, ante la solicitud de rectificación, considerará una autorización indirecta a que responda públicamente. “Teniendo en cuenta dicha autorización que ud realiza con su carta, en el sentido de la respuesta que me solicita, y a los efectos concernientes a la misma, procederé, con su autorización ya dejada constancia, a responderle públicamente”, escribió en el documento al que tuvo acceso Epicentro.
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