El fiscal provincial penal de Condorcanqui Jaber Medina dio detalles sobre cómo su despacho investiga casos de violencia sexual contra menores en la comunidad awajún, en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas. Recordemos, que estos delitos salieron a la luz luego de que el diario La República denunció que escolares habían contraído VIH a raíz de violaciones sexuales cometidas por profesores.
El representante del Ministerio Público detalló que actualmente en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) investiga 533 casos, mientras que la Fiscalía 301. Cabe resaltar que esta es la cantidad de denuncias reportadas hasta el viernes 28 de junio.
En los últimos días, a la Fiscalía llegaron 24 casos más que habían prescrito en la UGEL y están pendientes de que se indaguen penalmente.
“Hasta el viernes, la comisión que investiga a estos docentes me comunicó que había 533 casos a nivel de la UGEL. Por parte de la Fiscalía, tenemos 301 casos, repartidos en la fiscalía de Río Santiago y de Condorcanqui. El viernes, mi asistente de mesa de parte me comunicó que ingresaron 4 casos más y ayer ingresaron otros 20 casos nuevos, pero eran de los casos que el ministro de Educación mencionó que habían prescrito a nivel administrativo pero no a nivel penal. A esos ya se asignó el personal fiscal para las investigaciones que correspondan”, explicó en entrevista con RPP.
Durante la sesión llevada a cabo por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República, Jaber Medina afirmó que en numerosas ocasiones los líderes de las comunidades amazónicas impiden el acceso de los representantes del Ministerio Público y aplican su propia justicia en casos de abuso sexual a menores.
La forma en la que los comuneros sancionan a los denunciados de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es la aplicación de multas.
“Hay que conocer nuestra realidad en la provincia de Condorcanqui, donde 75 y 80% son de la lengua awajún. Ellos están organizados a través de un sistema en las 306 comunidades que se tiene conocimiento, donde ellos, a través de su reglamento, han visto una forma de sancionar a personas que ejercen la docencia, como profesores, o personas terceras que cometen este tipo de delitos. Han colocado, en este caso, multas desde 1000 soles hasta 5000 soles, incluso 10 mil soles cuando comenten este tipo de ilícitos”, precisó.
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Jaber Medina también mencionó que ellos respetan el sistema de justicia de cada una de las comunidades nativas en relación a casos de violencia sexual. Sin embargo, aunque a menudo desean intervenir, los líderes de estas comunidades se lo impiden.
“En estos casos, ellos nos dicen no vamos a dar facilidades y nosotros somos respetuosos, con la Policía Nacional. [...] La ubicación de los lugares de las comunidades nativas está lejos, a veces hay que caminar cuatro o seis horas, incluso se camina hasta dos o tres días”, agregó.
Luego, indicó que pese a este contexto la Fiscalía ha logrado condenas contra denunciados por violación sexual contra menores de edad.
“Ya he tenido casos en concreto y otros fiscales en algunas comunidades donde en flagrancia hemos ido a traer violadores, están internados en el centro penitenciario de la provincia de Utcubamba, Bagua Grande. En una oportunidad, hicimos uso de arma, posteriormente vinieron a quejarse de qué se estaba haciendo. Eso no impide el trabajo que se ha venido realizando. Tenemos algunos sentenciados”, aseguró.
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