Alberto Fujimori: Designan procuradora Ad Hoc para el proceso de ampliación de extradición desde Chile

El Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado (PGE) designó a la procuradora anticorrupción Yudith Villegas como procuradora Ad Hoc a cargo de representar al Estado peruano ante las autoridades de Chile en el proceso de ampliación de la extradición del exdictador Alberto Fujimori. En la noche del último viernes 28, se publicó en El Peruano la resolución que oficializa la designación, documento que lleva la firma de procuradora general María Caruajulca.

El cargo de procurador Ad Hoc para el proceso de ampliación de la extradición de Fujimori lo ocupaba el exprocurador general Javier Pacheco. Sin embargo, este renunció a dicho encargo para que el Gobierno de Dina Boluarte lo nombre oficialmente como titular de la PGE en mayo de este año.

Según la resolución publicada el último viernes, Yudith Villegas se encargará de los ocho casos por los que Perú pidió la ampliación de la extradición entre 2021 y 2022. Estos casos son:

• Suministro de ilegal de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): Se pidió la extradición a través de la Resolución Suprema 153-2024-JUS. Los delitos que le atribuyen a Fujimori son suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, violación de la soberana de un Estado extranjero, falsedad genérica y conspiración
• Masacre en el Penal Castro Castro (Resolución Suprema 193-2021-JUS): homicidio calificado (alevosía y explosión) y lesiones graves
• Presuntas ejecuciones extrajudiciales en la residencia del embajador de Japón durante el operativo Chavín de Huántar (Resolución Suprema 194-2021-JUS): homicidio calificado
• Compra de la línea editorial de Panamericana Televisión (Resolución Suprema 195-2021-JUS): asociación ilícita para delinquir y peculado doloso
• Secuestro de militares que intentaron levantarse contra el autogolpe del 5 de abril de 1992 (Resolución Suprema 196-2021-JUS): secuestro agravado
• Difusión de grabaciones no autorizadas de sesiones del Consejo de Defensa Nacional durante la guerra con Ecuador (Resolución Suprema 197-2021-JUS): revelación de secretos de interés nacional
• Masacre de la familia Ventocilla (Resolución Suprema 198-2021-JUS): homicidio calificado y secuestro agravado
• Esterilizaciones Forzadas (Resolución Suprema 218-2022-JUS): lesiones graves seguidas de muerte, en un contexto de grave violación de derechos humanos

A inicios de la semana, la Corte Suprema de Chile, en primera instancia, accedió a ampliar la extradición de Alberto Fujimori, pero solo en cinco casos, incluido el de Esterilizaciones Forzadas. Los casos rechazados fueron suministro ilegal de armas a las FARC, compra de la línea de Panamericana y difusión de grabaciones del Consejo de Defensa Nacional.

El abogado de Fujimori, Elio Riera, anunció que apelarán la decisión de la jueza suprema chilena Andrea Muñoz.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso el cierre de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, encargada de casos significativos de violaciones a derechos humanos, como el Caso Pativilca donde el exdictador Alberto Fujimori enfrenta un juicio. La resolución 000197-2024-CE-PJ, publicada hoy en El Peruano, establece el cierre de la sala a partir del 1 de julio y la redistribución de sus casos a partir del 1 de agosto.

El colegiado, integrado por los jueces Miluska Cano, Otto Verapinto y Helbert Llerena, se convertirá en una Sala de Apelaciones Transitoria de Puno. Durante una audiencia reciente, se informó a los presentes sobre la reprogramación de tres a cuatro sesiones semanales en julio para emitir sentencias antes de agosto. Casos como la desaparición del periodista Jaime Ayala Sulca y la masacre de Lucmahuayco están cerca de su conclusión.

El Poder Judicial rechazó convertir la sala en un Juzgado Colegiado Penal Nacional Transitorio debido a restricciones presupuestarias y a la falta de recursos, lo que afectaría la operatividad y funciones de los órganos jurisdiccionales, según argumentó el Consejo Ejecutivo presidido por Javier Arévalo.

La decisión generó preocupación entre los defensores de derechos humanos. El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, advirtió sobre posibles quiebres de juicios si la sala es desactivada y trasladada a Puno. Además, señaló que la decisión afecta a las víctimas y sus familias, quienes seguirán esperando justicia por violaciones cometidas durante el conflicto armado interno. Quispe anunció el envío de un documento al presidente del Poder Judicial mostrando su malestar y sugirió que una de las razones del cierre podría ser la postura del colegiado sobre la imprescriptibilidad de los delitos de derechos humanos.

El Consejo Ejecutivo, compuesto por Javier Arévalo, Elvia Barrios, Ramiro Bustamante, Johnny Cáceres y Carlos Zavaleta, tomó la decisión de manera unánime. Intentos por contactar a representes de la Corte Suprema para obtener comentarios no tuvieron éxito al cierre de esta nota.